China ha sentenciado a muerte a 11 cabecillas de una organización criminal en el norte de Myanmar, que abarcaba estafas cibernéticas, juegos de azar ilegales y tráfico humano, como parte de una amplia campaña contra los líderes de banda que Beijing una vez cultivó.
Los medios de comunicación estatales chinas han celebrado la detención, extradición y procesamiento de decenas de jefes del crimen procedentes de Myanmar desde finales de 2023, como un golpe mortal a operaciones ilícitas a escala industrial que se han arraigado en el sudeste asiático y se han expandido globalmente en los últimos años.
Entre los 11 miembros de la banda condenados a muerte sin posibilidad de reducción, algunos son Ming Guoping y Ming Zhenzhen, hijo y nieta, respectivamente, del líder de clan Ming Xuechang, quien murió durante una redada policial en Myanmar. La corte de la ciudad de Wenzhou dictó esta sentencia el lunes por la noche.
Además, al menos 14 personas fueron asesinadas por los líderes de la banda cuando intentaron escapar o resistirse a sus órdenes. Cuatro de ellas fueron baleadas cuando uno de los jefes del centro de estafas intentó esconder a algunos trabajadores en lugar de entregarlos a las autoridades chinas en octubre de 2023, un evento que contribuyó a desencadenar la ofensiva de Beijing.
El tribunal encontró que los casinos y centros de estafa de la familia Ming, donde los trabajadores eran retenidos de manera forzada y amenazados con golpes si intentaban irse o comportarse mal, generaron más de 1.400 millones de dólares en ganancias ilícitas desde 2015.
La investigación de The Washington Post reveló que funcionarios chinos, especialmente en la provincia de Yunnan en el suroeste, establecieron vínculos estrechos con las poderosas redes familiares que manejaban la región de Kokang con el respaldo del gobierno militar del país.
En su apogeo, estos grupos armados, liderados principalmente por las familias Wei, Bai, Liu y Ming, operaron más de 300 centros de estafa y casinos que albergaban a decenas de miles de víctimas del tráfico, según las Naciones Unidas.
Muchos de esos traficantes eran ciudadanos chinos que fueron atraídos a las regiones fronterizas con falsas promesas de trabajos lucrativos antes de ser secuestrados y enviados ilegalmente a Kokang.
Este control policial y militar se intensificó en respuesta a la creciente ira en China por la escala de fraudes dirigidos contra ciudadanos chinos y por la incapacidad de las autoridades chinas para liberar a las víctimas. Beijing ahora toma medidas ejemplares contra las redes criminales, enviando a los cabecillas a China para enfrentarse a juicio.
Pese a las señales de Pekín de que ya no tolerará esta industria, las recientes acciones solo han obligado a los operadores a desplazarse a otras zonas de la región, evidenciando las limitaciones del estado frente a estas organizaciones criminales transnacionales.
