El ambicioso proyecto Las Salinas, llevado adelante por la filial inmobiliaria de Empresas Copec en la ciudad de Viña del Mar, enfrenta una situación de creciente tensión y obstáculos que amenazan su desarrollo. La iniciativa, que implica la remediación de un antiguo terreno donde durante décadas funcionaron silos de combustible, ha estado marcada por retrasos en la tramitación, un conflicto legal y solicitudes de mayor eficiencia en los procesos administrativos.
Este proyecto, que cuenta con una inversión proyectada de 1.300 millones de dólares hasta el año 2040, con ya aproximadamente 20 millones de dólares invertidos en fases iniciales, se encuentra actualmente en una fase crucial. La empresa ha presentado una denuncia ante la Dirección de Obras Municipales por irregularidades en el proceso de obtención del Certificado de Informes Previos (CIP), debido a las demoras en su entrega, lo cual ha provocado que la entidad reguladora quede en el centro de varias investigaciones.
En respuesta a estos desafíos, los representantes de Copec, específicamente Arturo Natho, gerente general de la compañía, y Ricardo Labarca, gerente general de la Inmobiliaria Las Salinas, sostuvieron una reunión el 26 de septiembre con el ministro de Economía, Álvaro García. Durante este encuentro, que tuvo una duración cercana a una hora y fue llevado a cabo en dependencias ministeriales, se discutieron diversas problemáticas del proyecto. La principal preocupación expresada fue el impacto del exceso de burocracia y la falta de sincronización entre diferentes organismos estatales, factores que, a juicio de los ejecutivos, están retrasando de manera severa la implementación del proyecto y generando un clima de incertidumbre.
El registro oficial del encuentro apunta que se solicitó principalmente comprender y buscar lineamientos claros para optimizar la permisología, ya que los aspectos técnicos y ambientales del proyecto, que ya han sido validados por tribunales y autoridades ambientales, se ven obstaculizados por una tramitación administrativa que prolonga los plazos y dificulta la toma de decisiones.
La jornada también reflejó la preocupación por la cantidad de recursos que aún están en evaluación y revisión judicial, particularmente en la Corte Suprema, donde los recursos de casación presentados por opositores buscan frenar el avance de la iniciativa. Entre los reclamantes figura Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, y Gonzalo Pavez Sepúlveda, activista y representante del movimiento ciudadano “Un Parque para Las Salinas”. Ellos alegan que el proyecto no ha considerado adecuadamente el área de influencia, incluyendo la playa, y que la evaluación presentada no refleja toda la realidad del entorno.
Por su parte, desde Inmobiliaria Las Salinas indicaron que, pese a las dificultades legales y administrativas, el proyecto continúa avanzando de manera positiva. Expresaron que, a poco más de un año del inicio de las obras de remediación en el sector sur del terreno, ya se encuentran en fase operacional, con biopilas instaladas y funcionando conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que fue aprobada de forma unánime tanto por el Comité de Ministros como por el Tribunal Ambiental. Esto, aseguran, demuestra la solidez técnica y jurídica del proceso y refuerza su compromiso con un desarrollo sustentable en Viña del Mar.
Los ejecutivos y representantes institucionales han manifestado su intención de continuar con los diálogos y buscar soluciones que permitan reducir la carga burocrática, ya que consideran que los fundamentos ambientales y técnicos del proyecto están firmemente avalados y que las demoras obstruyen el potencial de inversión y crecimiento en la zona.
La batalla judicial también continúa, dado que en los primeros meses de 2025, grupos opositores que no lograron invalidar el permiso ambiental ante tribunales ambientales, ahora presentaron recursos de casación en la Corte Suprema, en un intento de revertir las decisiones previas y detener definitivamente el proyecto. Los reclamantes sostienen que la autoridad no consideró correctamente el área de influencia y que la evaluación omite aspectos relevantes, incluyendo una supuesta insuficiencia en la protección del sector costero.
No obstante, las instancias judiciales han ratificado en varias oportunidades la legalidad y la regularidad del proceso. La preferencia por instancias de control judicial que avalan la legalidad, sumado a la validación técnica de los permisos, ha contribuido a mantener la fortaleza del proyecto. La decisión futura de la Corte Suprema será clave para definir si las obras continúan o se detienen definitivamente.
Mientras tanto, el proyecto Las Salinas se mantiene como un símbolo de la complejidad y los desafíos que enfrentan las iniciativas de desarrollo en zonas con alta sensibilidad ambiental y normativa. La búsqueda de una solución que equilibre los intereses económicos, ambientales y sociales sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades, las empresas y la comunidad local, que aguardan una resolución definitiva en los tribunales y en la administración pública para avanzar con un proyecto que pretende transformar un espacio en desuso en un nuevo polo de desarrollo urbano y sustentable.
