En un reciente seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, subrayó que la principal misión del organismo a su cargo es detener los excesos y malas prácticas en el sector público. Pérez destacó que uno de sus objetivos fundamentales es contar con funcionarios de alto rendimiento que hagan un uso eficiente y transparente del dinero público, asegurando que efectivamente la gestión gubernamental se focalice en la prestación de servicios de calidad y en la entrega de beneficencia social a quienes realmente lo necesitan.
Las declaraciones de la contralora se producen en un contexto en que expertos y asistentes coincidieron en señalar que los problemas que enfrenta la administración pública en Chile trascienden los escándalos mediáticos recientes, como los relacionados con el uso indebido de licencias médicas, evidenciando una problemática estructural que requiere cambios profundos y sostenidos.
Pérez explicó que en estos momentos, la institución está centrando su esfuerzo en controlar las irregularidades más evidentes, con miras a que, en los próximos años, la revisión de los beneficios sociales sea una de las prioridades principales. Ella afirmó: “Queremos asegurarnos de que los recursos públicos lleguen efectivamente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Observamos que muchos beneficios se entregan a beneficiarios que, al ser revisados, tienen condiciones económicas que aportan dudas sobre su elegibilidad”.
El compromiso de la Contraloría es verificar que los beneficios sociales destinados a poblaciones en situaciones críticas no se entreguen de forma irregular, sino que cumplan estrictamente con las normas establecidas. En ese sentido, Pérez mencionó que el organismo está utilizando bases de datos y sistemas digitales para agilizar y mejorar la fiscalización, dado que consideran que no se requiere aún realizar reformas normativas, sino incrementar la capacidad de verificación con recursos humanos y tecnológicos.
Por otro lado, Tomás de la Maza, investigador del CEP, resaltó la necesidad de analizar en qué ámbitos se están promoviendo los incentivos dentro del sector público. Durante su exposición, explicó que muchos programas de mejoramiento de la gestión, diseñados para optimizar procesos internos, pueden estar generando una percepción errónea de un funcionamiento perfecto cuando la realidad, en términos de satisfacción ciudadana, es muy distinta.
De la Maza advirtió que, mientras la comunidad se queja por la falta de servicios básicos y una atención digna, la mayoría de los funcionarios públicos recibe compensaciones y asignaciones completas, incluso por mejoras en los procesos internos, que en muchos casos no reflejan una mayor eficiencia en la atención a la ciudadanía, sino que simplemente benefician a los propios servidores públicos.
En ese sentido, Pérez reiteró que no consideran necesario realizar cambios normativos en la normativa actual, sino que el foco está en ampliar los recursos destinados a fiscalización y en perfeccionar las herramientas digitales para detectar irregularidades sin requerir una modificación legislativa constante. La prioridad, concluyó, es fortalecer los mecanismos internos de control y mantener una vigilancia constante sobre los recursos destinados a programas sociales y beneficios administrativos, para garantizar que cumplan con su propósito y llegue a quienes realmente lo necesitan.
