En medio de la discusión política en Chile, el debate sobre el Presupuesto 2026 ha generado tensión entre el gobierno y el candidato presidencial José Antonio Kast, quien propone una reducción significativa en el gasto público. La propuesta de Kast implica recortar aproximadamente 6.000 millones de dólares estadounidenses, una decisión que ha sido objeto de intensos debates en el país.
El Ejecutivo ha manifestado su preocupación por las posibles repercusiones sociales de estos recortes. La ministra portavoz del gobierno, Camila Vallejo, enfatizó la importancia de comunicar con claridad a la ciudadanía las implicancias que conllevarían estos ajustes presupuestarios. Durante una intervención pública, Vallejo señaló que recortes de esta magnitud —que superan los 6.000 millones de dólares— representan montos sustanciales dentro de la Ley de Presupuesto que, de ser implementados, afectarían diversos beneficios sociales y programas destinados a la población más vulnerable.
El debate se intensificó a raíz de declaraciones del candidato Kast, quien aseguró que revisará cada escritorio en las instituciones públicas en busca de funcionarios no necesarios. Kast explicó que su estrategia consiste en consultar a todos los empleados públicos sobre su función y en evaluar si sus cargos son realmente indispensables, con la intención de reducir el gasto excesivo y mejorar la eficiencia del Estado.
Por su parte, desde La Moneda respondieron a estas afirmaciones. La vocera del gobierno calificó como ‘‘fake news’’ la afirmación de un incremento de 100 mil funcionarios públicos durante la administración actual. La explicación oficial sostiene que, aunque ha habido cambios en las cifras de empleados públicos, estas no han alcanzado ese aumento desproporcionado, y que dichas cifras están fundamentadas en registros oficiales que aseguran transparencia y precisión.
El tema ha sido acompañado por múltiples análisis y reacciones en los medios y redes sociales. Algunos expertos advierten que un recorte tan profundo en el presupuesto puede comprometer programas sociales clave, mientras que otros apoyan la revisión exhaustiva del gasto público para mejorar la eficiencia del Estado y reducir la burocracia.
En la misma línea, Kast ha mencionado en entrevistas que su objetivo es hacer un uso más racional de los recursos públicos y que, a través de una revisión detallada, pretende eliminar funciones que no consideran necesarias. Esto, afirma, permitirá enfocar los recursos en áreas prioritarias y mejorar la gestión estatal.
Este enfrentamiento político refleja las diferentes visiones sobre cómo debe gestionarse el gasto público en Chile de cara a la reforma fiscal y las prioridades sociales y económicas del país. La discusión, que continuará en los próximos meses, será determinante para definir las líneas presupuestarias que regirán en los próximos años y el rumbo que tomará Chile en términos de políticas públicas y organización estatal.
