La elaboración y aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2026 se presenta como uno de los procesos más complejos y decisivos en la agenda legislativa del país. Con un plazo límite establecido para el martes 30 de septiembre, cuando el gobierno debe presentar formalmente el proyecto de ley al Congreso, y un período de 60 días para su discusión y aprobación, los actores políticos afrontan una tarea que estará marcada por múltiples desafíos y nudos críticos.
Uno de los aspectos que acapara mayor atención es la incertidumbre respecto a las proyecciones de ingreso fiscal. Durante los últimos años, los cálculos realizados en los presupuestos han sobrestimado los ingresos, lo que ha derivado en déficits fiscales que superan los porcentajes inicialmente comprometidos. En 2024, por ejemplo, según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), los ingresos fiscales cerraron por debajo de las metas proyectadas, generando un déficit estructural del 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando la meta era del 1,9%. Para 2025, la situación se vuelve a presentar como un escenario desafiante, en medio de un contexto económico que proyecta un crecimiento del 6,3% en la recaudación hasta julio, frente a una expectativa central del gobierno de un aumento anual de los ingresos del 8,4%, precisando that para cumplir esa meta, los ingresos entre agosto y diciembre deben crecer en un 11,2%.
En este escenario, los parlamentarios vinculados a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos ya comenzaron a definir sus prioridades y líneas rojas. Un tema recurrente en las discusiones es la sobreestimación de los ingresos en los presupuestos anteriores, que ha contribuido a déficits mayores y a una menor capacidad de maniobra fiscal. La revisión que se realiza en estos días apunta a establecer mecanismos que permitan evaluar con mayor precisión los cálculos de ingresos, considerando que errores en las estimaciones de años previos han tenido un impacto directo en las metas fiscales y en los niveles de endeudamiento.
Las proyecciones de ingresos juegan un papel crucial en la discusión, dado que reflejan la salud fiscal del país y la sostenibilidad de las políticas públicas. La corrección de estas estimaciones ha sido un reclamo transversal en todos los sectores políticos, en especial en medio de un marco electoral que condiciona decisiones y debates.
Financieramente, uno de los factores que limita el margen de maniobra es el llamado ‘estrecho espacio fiscal’, un escenario en el que, según los expertos del comité de PIB tendencial, el crecimiento del producto se estima en un 2,6% anual para 2026, con un precio del cobre en US$ 4,38 la libra en el largo plazo, lo que se traduce en un espacio fiscal cercano al 2% del PIB. Es decir, hay un margen muy reducido para incrementar el gasto público sin poner en riesgo las metas de déficit y endeudamiento.
De acuerdo con diversos parlamentarios, este contexto implica que si bien la austeridad en el gasto es fundamental, también es esencial mantener recursos en áreas donde la ciudadanía requiere mayor atención, como salud, educación, vivienda y seguridad. En particular, se enfatiza que los recursos destinados a programas sociales y derechos fundamentales no deberían ser recortados, pese a la necesidad de mantener un gasto prudente y responsable.
Las prioridades en la asignación del gasto público giran en torno a fortalecer la seguridad, reducir listas de espera en salud, potenciar la salud primaria, y continuar con el impulso a la política habitacional, considerada clave para el bienestar social y la cohesión territorial. La necesidad de concentrar los esfuerzos en el gasto que realmente impacta la calidad de vida de las personas es una postura ampliamente compartida en los debates.
El debate también contempla aspectos institucionales, como la gestión del Fondo de Libre Disposición, que permite a un próximo gobierno contar con recursos adicionales para implementar su programa de inicio. La existencia de estos fondos, que en 2022 alcanzó los $339.940 millones, busca ofrecer flexibilidad en la reasignación de recursos durante los primeros meses del nuevo período presidencial, en línea con prácticas establecidas en la tradición republicana.
No obstante, dadas las actuales restricciones fiscales y la situación de endeudamiento, tanto la oposición como algunos sectores del oficialismo advierten que la opción de contar con un fondo de libre disposición será limitada o prácticamente inalcanzable en 2026. La sostenibilidad fiscal y la reducción del déficit estructural son consideraciones que pesan sobre la mesa, condicionando la posibilidad de disponer de recursos extras sin comprometer la responsabilidad fiscal.
Finalmente, los actores políticos coinciden en que este proceso debe centrarse en un equilibrio entre la necesidad de atender las prioridades sociales y económicas, y la responsabilidad de mantener las finanzas públicas en condiciones sostenibles. La deliberación que se dará en las próximas semanas será decisiva para definir las prioridades del país en un escenario marcado por la incertidumbre económica y el calendario electoral, desafíos que requerirán decisiones cuidadosas e informadas para no hipotecar el futuro fiscal del país.
