En una operación conjunta llevada a cabo en la comuna de La Florida, las autoridades han logrado desalojar aproximadamente un 30% de las viviendas ocupadas en la toma conocida como La Dignidad. Sin embargo, la intervención ha revelado una problemática adicional: varias familias beneficiadas con subsidios habitacionales permanecen en la lugar, algunas de ellas con viviendas entregadas y en situación de propiedad, pero aún así involucradas en ocupaciones irregulares.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que tras semanas de operativos, cerca de 200 de los 700 inmuebles ocupados en la toma ya han sido desalojados, y que aún quedan por abordar aproximadamente dos tercios de la zona para completar el proceso.
Durante el balance matutino, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, expresó que en el operativo se detectó que existían familias que, a pesar de contar con subsidios y viviendas otorgadas por el Estado, estaban viviendo en la toma, en algunos casos arrendando estas propiedades o realizando ocupaciones ilegales. “Es una falta gravísima que las familias que recibieron apoyo del Estado para tener una vivienda digna, estén infringiendo las reglas y haciendo uso irregular del sistema”.
Reyes enfatizó que estas situaciones constituyen un abuso y que se procederá a perseguirlas, ya que las personas que obtuvieron subsidios habitacionales no pueden acceder a otros beneficios y tampoco pueden hacer ocupaciones ilegales en propiedades que, en muchos casos, son de su propiedad o tienen en arriendo. Además, se han rescatado alrededor de 120 perros y casi 90 gatos que estaban en situación de abandono en la zona del operativo.
Respecto a la continuidad del proceso, Durán explicó que esta es solo la primera etapa y que aún restan por desalojar aproximadamente dos tercios del área ocupada, comprometiéndose a abordar la remoción en los próximos días, con expectativa de que la segunda fase comience la próxima semana. La operación también ha destacado el descubrimiento de familias que, pese a tener subsidios y viviendas entregadas, seguían residiendo en la toma, lo cual será sometido a revisión para aplicar las sanciones correspondientes.
Esta situación genera discusión sobre la efectividad y control de los beneficios de subsidio habitacional, así como los desafíos para garantizar que estos apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin ser utilizados indebidamente por quienes ya poseen viviendas y recursos. La administración municipal y los organismos responsables continuarán con los esfuerzos para reestablecer el orden en la zona, priorizando el desalojo y la identificación de irregularidades relacionadas con los subsidios de vivienda otorgados en los últimos años.
