Al menos ocho niños murieron en un ataque de drones realizado por el gobierno de Haití, mientras que el líder de la banda al que estaban dirigidos los ataques logró escapar intacto. Las familias afectadas exigen respuestas.
El 28 de septiembre de 2025, en un barrio de Port-au-Prince llamado Simon Pelé, en Haití, los residentes relataron que los drones militares efectuaron un ataque que demolió una vivienda, dejando un escenario de destrucción y sangre. A casi una semana del suceso, todavía se podían ver restos humanos y partes de cuerpos en las ruinas, según reportaron testigos y la red de derechos humanos haitiana.
Una niña de apenas 4 años, llamada Merika Saint Fort Charles, jugaba en su hogar con otras niñas cuando uno de los drones explotó, matándola en el acto. La familia aún no ha podido enterrarla porque no tiene los recursos económicos para pagar un funeral, manifestó su abuela.
El padre de Merika, Older Florvil, un conductor de taxi en Port-au-Prince, expresó que la muerte de su hija fue responsabilidad del Estado haitiano. Él recuerda que solo pudo costear los útiles escolares de su hija, ya que los esfuerzos económicos en un país en crisis como Haití son extremadamente limitados. “El estado es responsable de la muerte de mi hija”, afirmó.
Desde que ocurrió la ofensiva, las autoridades haitianas no han emitido comentarios públicos sobre el incidente. Un portavoz del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, comentó que se está investigando y no ha dado más detalles. La policía haitiana tampoco respondió a solicitudes de declaración.
Las familias de las víctimas, incluyendo a la hermana mayor de Older Florvil y una sobrina, también resultaron muertas en el ataque. Su esposa, hermana menor y un sobrino resultaron heridos. Las comunidades afectadas denuncian que los drones, utilizados en operaciones que pretenden combatir a las bandas armadas, han causado numerosas víctimas civiles, incluidas mujeres, niños y ancianos.
Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, en lo que va de este mes, los ataques de drones han provocado al menos ocho muertes civiles y numerosos lesionados. La organización alertó que varias personas, entre ellas niños, estaban jugando o realizando actividades cotidianas cuando fueron alcanzadas por las explosiones. Varias víctimas fueron zapateando en su casa, otros estaban comprando alimentos o vendiendo frituras como plátanos fritos y pescado.
Un residente de Port-au-Prince, llamado Wepder Saintil, quien también perdió a su hija en el ataque, señaló con indignación que “no había conflicto ni disparos previos cuando el dron atacó. No hemos recibido ayuda de nadie desde entonces. Nadie nos está ayudando”. Él además acusó a las autoridades de desplegar estos drones en vecindarios considerados solo para miembros de bandas, sin transparencia ni rendición de cuentas.
El resto de la comunidad, sumida en el caos y la violencia, también lamenta que no hay un control claro sobre el uso de estos aviones no tripulados. La ingobernabilidad ha aumentado, y el temor a que las bandas tomen aún más territorio y cometan más atrocidades crece cada día.
El analista haitiano Diego Da Rin, de la International Crisis Group, afirmó que “las bandas están aprovechando la situación para fortalecer su narrativa, tratando de presentar el conflicto como una lucha entre oprimidos y élites, los pobres y los ricos”. Además, criticó la opacidad en las operaciones militares del Estado, ya que no se conocen los criterios de decisión ni la legitimidad del equipo utilizado.
Hasta ahora, ningún líder de bandas principales ha sido muerto por estos drones. Tras el ataque a Simon Pelé, el líder del grupo, Jimmy “Barbecue” Chérizier, quien anteriormente fue comandante policial y actualmente lidera la poderosa coalición de bandas Viv Ansanm, prometió venganza.
El propio Djouma, uno de los supuestos afectados, ha mantenido reuniones con las familias de víctimas y se ha ofrecido a pagar los funerales, según vecinos. Sin embargo, la comunidad denuncia que las operaciones militares se utilizan en áreas donde solo hay presencia de grupos armados, sin una estrategia clara ni un marco transparente, lo que incrementa el riesgo de más víctimas civiles.
Romain Le Cour Grandmaison, analista del Global Initiative against Transnational Organized Crime, comentó que “las muertes son desafortunadamente previsibles”. Para él, en un país donde las bandas controlan aproximadamente el 90% de la capital y avanzan rápidamente hacia el campo, el uso de drones en zonas civiles sin una supervisión efectiva solo aumenta la tragedia.
Desde la operación del drone contra Simon Pelé, las organizaciones internacionales han registrado al menos seis otras víctimas civiles en ataques similares. La población en los barrios afectados vive con temor y desesperanza, sin respuestas concretas de las autoridades ni una rendición de cuentas clara.
El caso de Marie Rosy Kesner Auguste Ducena, una niña de 4 años que murió en un ataque con drones, ejemplifica la gravedad de la situación. La familia de la menor, que aún no ha podido enterrar su cuerpo por falta de recursos, denuncia que no hubo conflicto ni disparos previos en la zona cuando ocurrió el ataque. La madre de Marie, Mimose Duclair, expresó con dolor: “No había nada, ninguna pelea, nada”.
En medio de la crisis, la inseguridad y la violencia siguen creciendo. La ausencia de transparencia y la impunidad en los operativos de los drones exacerban las heridas abiertas en un país que ya vive un conflicto profundo, y las familias reclamantes siguen esperando justicia y respuestas que no llegan.
