El gobierno de Donald Trump ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con cárteles de drogas que distribuyen narcóticos en el país, según una notificación enviada al Congreso que busca brindar respaldo legal para tomar acciones letales contra los traficantes, tras varios ataques contra lo que la administración afirma son barcos venezolanos en aguas internacionales.
Algunos legisladores y expertos han calificado la notificación como una justificación legal dudosa para lo que han denominado ataques militares ilegales contra criminales civiles en el Hemisferio Occidental, alejándose mucho de un combate entre combatientes en lucha directa con las fuerzas estadounidenses.
Trump ordenó al Pentágono realizar operaciones bajo la ley de conflictos armados después de que “determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas” que han ayudado a matar ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de drogas, según una notificación confidencial enviada a los líderes del Senado y comités congresionales esta semana y revisada por The Washington Post.
El mandatario también instruyó a las Fuerzas Armadas a actuar conforme a las leyes del conflicto armado, en un contexto en el que la administración estadounidense ha catalogado a varias organizaciones criminales transnacionales como terroristas. Sin embargo, las críticas apuntan a que estas acciones se parecen más a una guerra estatal contra grupos criminales que a una legítima operación militar en contexto de combate.
El 3 de septiembre, se realizó un primer ataque en el Caribe que, según informes oficiales, causó la muerte de 11 personas. Posteriormente, en una operación el 15 de septiembre, se golpeó una embarcación que, según inteligencia, estaba vinculada a una organización terrorista y traficaba drogas ilícitas. Aunque Trump afirmó que esas acciones mataron a tres personas, la notificación mencionó que fallecieron “aproximadamente 3 combatientes ilegales” sin mayor aclaración.
En un comunicado, la Casa Blanca justificó los ataques diciendo que “estamos vigilando esas organizaciones y queremos que sepan que esto no nos intimida, ni a la población de Venezuela. La presencia de estas aeronaves volando cerca de nuestra área de influencia, en nuestro Mar Caribe, cerca de la costa venezolana, fue una provocación y una amenaza a la seguridad del país”.
El 15 de septiembre, además, se llevaron a cabo operaciones en las que aviones y buques militares estadounidenses fueron desplazados a la región desde la Comandancia Sur en Florida, en una postura de presión y vigilancia que ha aumentado las tensiones con Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó que más de cinco aviones de combate estadounidenses fueron detectados volando cerca de la costa venezolana, a unos 35,000 pies de altura, y que fueron vistas por el sistema integral de defensa del país, considerado una provocación y una amenaza a la seguridad nacional.
Padrino López advirtió que “les estamos observando, y quiero que sepan que esto no nos intimida ni a los venezolanos. La presencia… de estas aeronaves volando cerca de nuestra zona de influencia, en nuestro Mar Caribe, cerca de la costa venezolana, fue una provocación. Es una amenaza a la seguridad del país”.
Por otra parte, el Pentágono afirmó que no tiene información adicional para compartir sobre estas operaciones específicas y que en una conferencia informativa, el asesor legal de la institución, John Kirby, indicó que las autoridades militares estaban revisando el marco legal bajo el cual operan estas acciones, en una reunión tense con senadores de ambos partidos, quienes criticaron la vaguedad y falta de claridad del mensaje de la Defensa.
Sen. Jeanne Shaheen (Demócrata-New Hampshire) declaró a CNN que “no logramos respuestas claras, y hay dudas y preocupaciones en ambas bancadas”. La congresista afirmó que “cada estadounidense debería estar alarmado de que su presidente ha decidido que puede librar guerras secretas contra quienes él considere enemigos”.
Además, senadores como Adam Schiff y Tim Kaine han anunciado que presentarán en los próximos días una Ley de Poderes de Guerra para restringir la capacidad del Ejecutivo de continuar con acciones militares sin autorización formal del Congreso, argumentando que estas acciones sin un marco legal claro socavan la separación de poderes y contienen riesgos de escaladas no autorizadas.
En otro frente, la Casa Blanca ha señalado que estas operaciones corresponden a la defensa de intereses vitales, y que Estados Unidos actúa en defensa propia para proteger a sus ciudadanos en respuesta a amenazas inminentes, siguiendo la versión oficial del gobierno. Sin embargo, expertos en derecho internacional, como Geoffrey Corn de la Universidad de Texas, han criticado la justificación alegando que “el gobierno de Trump está intentando usar términos conocidos del derecho internacional para enmascarar una decisión político-militar que, en realidad, no se ajusta a las definiciones aceptadas para un conflicto armado”.
El ex asesor legal del Departamento de Estado, John Bellinger, afirmó que “decir que Estados Unidos está en un ‘conflicto armado no internacional’ con traficantes venezolanos es una analogía inadecuada y falta de una base jurídica aceptada, quizás con la intención de justificar acciones que violan el derecho internacional”.
Desde febrero, Trump ha designado a ocho organizaciones en América como terroristas internacionales, incluyendo al Tren de Aragua, una agrupación venezolana que, según el gobierno estadounidense, estaría dirigida por Nicolás Maduro. Sin embargo, evaluaciones de inteligencia estadounidenses han señalado que esa afirmación no es precisa, y expertos han indicado que TdA no está profundamente involucrada en el narcotráfico.
A pesar de las críticas, el gobierno ha insistido en que la lucha contra las organizaciones criminales es una prioridad, y que sus operaciones tienen respaldo legal y se realizan en cumplimiento con las leyes del conflicto armado, aunque no han presentado evidencias concluyentes para sustentar sus afirmaciones de que los cárteles venezolanos representan una amenaza inminente y armada.
Este controversial enfoque ha aumentado la tensión diplomática en la región, y muchos en el Congreso temen que esta estrategia pueda sentar un precedente peligroso, erosionando la autoridad del Legislativo y vulnerando las leyes internacionales.
Mientras tanto, el debate continúa en Estados Unidos respecto a si la autoridad presidencial para decidir sobre el uso de la fuerza debe limitarse o ampliarse, en medio de un contexto de creciente desconfianza en las acciones militares unilaterales de la Casa Blanca. La comunidad internacional vigila con atención si estas acciones seguirán siendo justificadas en los tribunales internacionales o serán consideradas como abusos de poder.
Esta noticia será actualizada conforme se reciban nuevos informes y declaraciones oficiales.
