El acuerdo alcanzado entre las grandes empresas mineras Codelco y SQM para continuar explotando los recursos de litio en el Salar de Atacama ha abierto un proceso de compensación que busca beneficiar directamente a las comunidades originarias del área, municipios y el gobierno regional de Antofagasta. Según el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, el monto total de estos aportes podría llegar a alcanzar hasta 150 millones de dólares anuales, en función de la evolución del precio del litio en los mercados internacionales. Es importante destacar que estos recursos se canalizarán no como dinero en mano, sino en fondos destinados a proyectos colectivos que promuevan el desarrollo social, ambiental y cultural de las comunidades afectadas, buscando un impacto duradero y sustentable en la zona.
Este proceso de distribución de fondos es resultado de la conclusión, tras diez meses de consulta indígena, del diálogo con 28 comunidades y 40 asociaciones del pueblo atacameño. La consulta abordó 13 temáticas relevantes relacionadas con los posibles efectos de los contratos que firmarán Corfo con SQM y Codelco, cuyo objetivo es aumentar la producción de litio hasta 300 mil toneladas entre 2025 y 2030 y prolongar la explotación hasta 2060 en un esquema de alianza público-privada.
Tras la finalización de este proceso, el consejo directivo de Corfo, liderado por el ministro de Economía, autorizó la firma de los contratos en septiembre, que posteriormente fueron sometidos a revisión en la Contraloría. La formalización de estos acuerdos, que marcan un avance en la gestión del litio en Chile, se realiza con el compromiso de que los beneficios económicos sean usados para mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios y sus entornos.
Con respecto a la distribución de recursos, se establecen cuatro fondos principales, cada uno con objetivos específicos, que en conjunto podrían administrar hasta 150 millones de dólares anuales en función de la cotización del litio. Se precisa que estos fondos no están destinados a entregas directas a los comuneros, sino a financiar iniciativas que tengan un impacto colectivo. El desglose de estos fondos es el siguiente:
El primer fondo, con una cifra equivalente al promedio actual de aportes anuales de entre 10 y 15 millones de dólares, será destinado a proyectos de inversión en comunidades indígenas atacameñas o actividades que promuevan su desarrollo y cultura. Además, contará con la incorporación del 0,1% de las ventas anuales de litio sin límite en cuanto al monto, además de un subsidio adicional de un millón de dólares.
El segundo fondo, destinado a promover planes de vida, proyectos de desarrollo humano y acciones para proteger el Salar de Atacama, contemplará aportes de 9 millones de dólares anuales para el periodo 2025-2030, y variarán entre 8 y 13 millones para 2031-2060, ajustándose según el precio del litio. También incluirá un porcentaje de las ventas de todos los productos (exceptuando el potasio), además de condiciones adicionales que aumentarán los aportes en caso de que el precio del litio supere ciertos umbrales, como 18 mil, 23 mil y 28 mil dólares la tonelada.
El tercer fondo, dirigido a financiar proyectos y propuestas de asociaciones indígenas, se asegurará de un mínimo de dos millones de dólares anuales, sumando porcentajes del 0,13% de las ventas anuales sin tope, con la finalidad de promover iniciativas de creación, cultura y cohesión social.
El cuarto fondo, llamado también fondo intergeneracional, se destinará a garantizar bienestar y rentabilidad a largo plazo para las personas de la tercera edad en la comunidad atacameña. Cada año, desde 2025 a 2060, se aportará un millón de dólares para formar un capital que será utilizado en beneficios de pensionados a partir del 2060, con los intereses generados que serán utilizados para estos fines.
Adicionalmente, una importante proporción de los recursos (al menos un 30% de los aportes anuales) será destinada a financiamiento de obras de infraestructura y proyectos de gran escala en el pueblo de San Pedro de Atacama, abarcando temas de interés transversal como salud, educación, infraestructura y medio ambiente.
Algunos de los beneficios directos a las municipalidades y al gobierno regional incluyen aportes de hasta 0,2% en las ventas anuales para San Pedro de Atacama, 0,1% para Antofagasta, y similares porcentajes para María Elena, además de un 1,17% del total de las ventas. Estos aportes se ajustarán por las variaciones en los precios del litio y los productos relacionados. La finalidad de estos fondos es promover un desarrollo sustentable, equitativo y respetuoso con las comunidades originarias, en línea con los derechos y expectativas de los pueblos atacameños, que por décadas han vivido bajo condiciones de desigualdad y falta de recursos originarios de sus recursos naturales.
Este acuerdo representa un paso importante en la forma en que las empresas mineras, el Estado y las comunidades indígenas interactúan en torno a los recursos naturales, poniendo énfasis en la participación social, la protección del medio ambiente y la implementación de proyectos colectivos que buscan un desarrollo cercano a sus raíces y necesidades. La finalidad última es transformar una actividad extractiva en un modelo de negocio socialmente responsable, que respete a las comunidades todos los procesos y asegure beneficios económicos y sociales a largo plazo.
