El reciente escándalo relacionado con las tarifas eléctricas en Chile ha puesto en el centro del debate a Marco Antonio Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo técnico responsable de determinar el costo de la energía en el país. Mancilla, un ingeniero civil industrial de 57 años con una larga trayectoria en el sector energético, podría verse obligado a presentar su renuncia ante la gravedad del error metodológico detectado en la reciente actualización de precios.
Desde octubre de 2022, Mancilla ha liderado la CNE, institución que juega un papel crucial en la regulación del sector energético nacional. Con una formación en física y una carrera que abarca 25 años en la misma entidad, su experiencia abarca desde la dirección del departamento de hidrocarburos hasta la gestión de aspectos clave en la fijación de tarifas. La posible renuncia de Mancilla responde a la exposición política y pública derivada de un sobrecosto en las tarifas eléctricas por un valor estimado en más de US$110 millones. Este error surge de una equivocada aplicación de la inflación y las tasas de interés en el cálculo de los llamados precios nudo, que son aquellos que pagan las distribuidoras a las generadoras y que representan cerca del 70% del costo final para los consumidores.
Fuentes oficiales han indicado que la controversia ha escalado hasta la Presidencia de la República, y que la presión política sobre Mancilla aumenta, haciendo probable que este decida dar un paso al costado en las próximas horas. La renuncia de Mancilla sería, en parte, un movimiento para calmar las aguas, ya que la responsabilidad política de resolver la crisis recae en el Gobierno.
El ministro de Energía, Diego Pardow, se reunió con el presidente Gabriel Boric para analizar la situación y evaluar posibles soluciones. Desde su declaración inicial, Pardow manifestó que el evento es grave y que se analizarán en profundidad los procesos internos, con la finalidad de definir responsabilidades y reformas necesarias. Por su parte, Mancilla explicó que el error fue detectado por el equipo técnico de la propia CNE mediante sistemas sofisticados, y que ocurrió hace varias semanas durante la revisión de los cálculos.
El problema radica en la utilización combinada de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la tasa de interés nominal utilizada en las facturaciones semestrales, lo que generó un sobrecosto en las tarifas desde 2017. La corrección de este fallo implicará que, a partir del 1 de enero de 2026, las tarifas eléctricas podrían reducirse en promedio un 2% a nivel nacional, con variaciones que en algunas regiones como Coquimbo y Valparaíso establecerían rebajas superiores al 6%, y en la Región Metropolitana aproximadamente un 1%, dependiendo de los contratos de las distribuidoras.
En declaraciones públicas, Mancilla ha señalado que no fue solo su equipo, sino también organismos ministeriales, analistas y académicos los que no detectaron el error oportunamente. Además, afirmó que las empresas distribuidoras también deberían haberse dado cuenta del problema en sus propios sistemas de cálculo. De hecho, en agosto de 2023, Mancilla ya había solicitado la renuncia de un alto funcionario de la CNE por un error en un informe preliminar que sugería posibles alzas en las tarifas entre el 14% y el 79%. La historia de renuncias por errores en los informes tarifarios no es nueva en la institución: en 2018, Iván Saavedra fue relevado por inconsistencias en la calificación de instalaciones de transmisión, y en 2006, Pablo Serra presentó su renuncia tras errores en la fijación de tarifas.
Marco Antonio Mancilla, quien además de su rol en la CNE ocupa un sueldo mensual bruto de aproximadamente 12.5 millones de pesos, ha sido un profesional de alto perfil dentro del sector. Su llegada en 2022 fue respaldada por la misma autoridad política, pues Pardow confiaba en sus capacidades técnicas para liderar desafíos complejos. Casado desde 2014 con Sonia Acuña, quien también trabaja en la CNE en áreas de recursos humanos y planificación, Mancilla afronta ahora el arduo reto de gestionar el impacto del error en la percepción pública y en la confianza del sector energético.
El caso de Mancilla representa un ejemplo de las consecuencias que pueden derivarse de errores técnicos en un organismo regulador de alta responsabilidad y cómo estos errores pueden desembocar en crisis políticas y públicas, poniendo en evidencia la necesidad de mecanismos de control y revisión más rigurosos en la determinación de tarifas que afectan directamente el bolsillo de los usuarios.
