En un hecho que ha desencadenado alarma a nivel gubernamental, el Ministerio de Seguridad Pública de Chile ha sido víctima de un severo ataque cibernético que impactó directamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito. La brecha en seguridad fue descubierta casi nueve meses después de que la normativa entrara en vigor, generando preocupación entre los miembros del Congreso y expertos en ciberseguridad por la vulnerabilidad de las instituciones públicas ante amenazas digitales cada vez más sofisticadas.
El incidente se hizo público inicialmente con un comunicado emitido el 11 de septiembre, en el que la repartición gubernamental afirmó que el supuesto problema ya había sido contenido y mitigado. Sin embargo, recientes versiones indican que los daños y la afectación de los sistemas todavía están siendo investigados, y que ningún servicio digital crucial ha sido completamente restablecido. La información preliminar señala que aproximadamente 40 computadoras de la institución fueron retiradas del servicio para realizar análisis forenses y tratar de recuperar la información comprometida.
Este ciberataque ha sido clasificado como uno de los incidentes más peligrosos en la historia digital de la entidad, apodado comúnmente como una de las formas más frecuentes de software malicioso que atacan a organizaciones públicas y privadas. La naturaleza del ataque apunta a la utilización de programas maliciosos que logran infiltrarse en los sistemas para robar datos, alterar información o incluso paralizar operaciones.
La gravedad de la situación ha llevado a la diputada Gloria Naveillán, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso y del Partido Nacional Libertario, a exigir una audiencia con autoridades de alto nivel. Naveillán instó a citar al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, para esclarecer los detalles del incidente y definir las medidas futuras de protección.
Hasta el momento, la información oficial revela que las pérdidas no incluyen datos institucionales ni infraestructura crítica, pero sí evidencia las deficiencias en la protección digital del ministerio. La afectación parcial de los sistemas ha preocupado tanto a parlamentarios como a expertos en seguridad nacional, quienes advierten sobre la vulnerabilidad de la infraestructura digital del Estado.
El análisis técnico apunta a que el ataque involucró un malware que infectó diversos equipos de la repartición, lo que motivó la evacuación y análisis de las máquinas afectadas. Las autoridades también confirmaron que organismos especializados, como la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la Policía de Investigaciones (PDI), están al tanto de la situación y colaborando en las investigaciones.
Representantes políticos han expresado su inquietud ante la posibilidad de que organizaciones delictivas o actores estatales puedan aprovechar vulnerabilidades similares para afectar el funcionamiento del gobierno. El diputado Andrés Jouannet, también miembro de la Comisión de Seguridad, señaló que el hecho demuestra que en cualquier momento “el crimen organizado puede hackear al gobierno”, lo que refuerza la urgencia en fortalecer las defensas digitales.
A pesar de estos esfuerzos, el incidente evidencia que la protección de los sistemas gubernamentales aún presenta debilidades significativas. La preocupación se centra en la capacidad de la institución para salvaguardar la privacidad y confidencialidad de sus documentos, así como en la prevención de futuros ataques que puedan comprometer la seguridad de la nación.
Mientras tanto, la institución afectada ha asegurado que sigue trabajando para restablecer completamente sus servicios electrónicos y reforzar sus medidas de ciberseguridad. La situación continúa bajo investigación, y las autoridades están evaluating las vulnerabilidades existentes y los protocolos de respuesta ante este tipo de amenazas digitales, en busca de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en un contexto cada vez más digitalizado y vulnerable.
