El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recientemente salió a respaldar públicamente a su colega de Seguridad Pública, Luis Cordero, en medio de una serie de acciones legales y controversias relacionadas con el caso Bernarda Vera. Estas declaraciones se producen en un momento donde la situación se ha intensificado debido a las acusaciones que apuntan a un posible fraude y a la falta de transparencia en la gestión de la información vinculada a Vera.
La polémica surge a raíz de la difusión de que Bernarda Vera, reconocida como una detenida desaparecida durante la dictadura militar en Chile, presuntamente continúa con vida y reside actualmente en Argentina. La noticia ha provocado un revuelo político y social, con diferentes actores presentando acciones legales y manifestando sus preocupaciones sobre la procedencia y el manejo de la información.
El ministro Elizalde expresó que las denuncias presentadas no deben interpretarse fuera de su contexto, señalando que se trata de un proceso que acontece en un marco electoral, donde algunas personas —que él calificó como ‘declarados negacionistas’— están participando en la confrontación pública. Según sus palabras, dichas acusaciones buscan politizar y deslegitimar los esfuerzos del Estado, particularmente en relación con la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
Sobre la situación específica de Vera, Elizalde reafirmó el compromiso del Estado con el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo propósito principal es esclarecer el destino y la suerte de las personas desaparecidas durante la dictadura. El secretario de Estado enfatizó que el caso de Vera debe mantenerse en una línea de respeto a la verdad histórica y a la memoria de muchas víctimas, sin dejarse influenciar por rumores o acciones que puedan desviar los esfuerzos oficiales.
Asimismo, el ministro subrayó que existen otros casos que, aunque similares, han sido abordados con rigor y transparencia, respetando los procedimientos establecidos y el derecho a la información. En este sentido, aclaró que cuando se recibe confirmación oficial, el Estado actúa en consecuencia y comunica la información de forma oportuna.
Elizalde también criticó las denuncias que consideran estas acciones legales como una forma de impulsar una agenda de negacionismo. Afirmó que esas denuncias, en algunos casos, provienen de actores que son declarados negacionistas o incluso defensores de violadores de derechos humanos, lo cual deslegitima su validez y objetivo.
Sobre el impacto de estas acusaciones, el ministro afirmó que lo que realmente se intenta es poner en duda la veracidad de los hechos históricos vinculados a las violaciones de derechos humanos en Chile. En sus palabras, “las querellas y denuncias no tienen ningún sustento jurídico sólido”, y expresó que las acciones del Estado están dirigidas a mantener la verdad y la memoria, sin dejarse arrastrar por campañas desinformativas.
Por último, Elizalde resaltó la importancia de mantener el enfoque en el cumplimiento de la justicia y en la dignidad de las víctimas, dejando en claro que el gobierno seguirá comprometido con los principios de verdad, memoria y reparaciones, rechazando cualquier intento de manipular el pasado para fines políticos actuales.
