El ministro de Energía, Diego Pardow, ha manifestado preocupación y críticas sobre el reciente cambio en la metodología utilizada para calcular las tarifas eléctricas. Según sus declaraciones, esta modificación representa un hecho de gran gravedad, con implicaciones directas en las cuentas de los consumidores, quienes podrían enfrentar un incremento adicional de aproximadamente 115 millones de dólares en los costos energéticos. Estas alteraciones en la metodología han generado dudas y un cuestionamiento profundo sobre la transparencia y la responsabilidad en el proceso tarifario.
Durante una entrevista con la radio Cooperativa, Pardow admitió que estas circunstancias afectan la confianza pública en las instituciones encargadas del sector energético y que, por ello, es imprescindible llevar a cabo una respuesta institucional sólida y completa. El ministro indicó que es fundamental corregir las distorsiones ocasionadas por las cambios en la metodología y realizar un análisis exhaustivo de los procedimientos para que situaciones similares no se repitan en el futuro. Aunque evitó calificar específicamente esto como un error, admitió que es prioritario remediar la situación.
En relación a quién es responsable de estos errores, Pardow no fue categorico, sugiriendo que se abordará de manera estructural y que las respuestas deben entregarse desde los órganos correspondientes. La Comisión Nacional de Energía (CNE), que ha sido sindicada como el ente que generó la discrepancia metodológica, fue quien detectó y comunicó la diferencia a las autoridades en reuniones de coordinación hace dos semanas.
El ministro aclaró que no es atribuible a la gestión central del Ministerio de Energía hacer los cálculos tarifarios, señalando que esa función recae en organismos técnicos especializados como la CNE. Además, aseguró que los efectos de esta problemática en la facturación se corregirán en el próximo proceso de ajuste de tarifas, y que también se espera que la diferencia se refleje en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La diferencia metodológica y la sobreestimación en las tarifas, cercana a los 100 millones de dólares, serán ajustadas, lo que permitirá disminuir las tarifas a partir de enero próximo.
Pardow reconoció que la variabilidad en los incrementos tarifarios tiene un componente territorial: la mayor afectación se concentró en la Región de Coquimbo, aunque alertó que toda la situación constituye un hecho grave, que será enfrentado con las medidas correspondientes, incluyendo la revisión de procesos y asumiendo las responsabilidades que correspondan. La situación también ha provocado un debate sobre la estructura y la precisión de los cálculos tarifarios en los sistemas regulados, decisiones que impactan directamente en la economía doméstica de las familias y en los precios de la energía en general.
Este episodio se produce en un contexto donde se refuerza la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos energéticos, y donde las autoridades prometen implementar cambios institucionales para asegurar que errores similares no ocurran en el futuro. La confianza en los procesos tarifarios y en las instituciones que los regulan será fundamental para recuperar la credibilidad y garantizar una gestión energética eficiente y justa.
