El reciente plan de gobierno presentado por la candidata presidencial Jeannette Jara ha provocado reacciones diversas en el mundo económico y laboral. Entre sus propuestas más controvertidas se encuentran la implementación de una jornada laboral de 40 horas en el sector público, la regulación de la subcontratación y medidas para fortalecer la negociación sindical. Aunque el plan mantiene los principales ejes en políticas de empleo y regulación laboral, varios expertos advierten sobre los posibles efectos adversos de estas iniciativas.
En la introducción de su programa, Jara enfatiza la necesidad de incentivar la creación de empleos de calidad, reducir la brecha de género y facilitar la incorporación laboral de grupos vulnerables. Además, propone la creación de una Agencia Nacional de Empleo que unifique los recursos del sistema actual y utilice una plataforma digital avanzada capaz de atender empresas de todos los tamaños y regiones, así como a diferentes niveles de preparación laboral.
Asimismo, contempla la celebración de un Subsidio Unificado al Empleo, proceso mediante el cual se unificarían beneficios como el Subsidio al Empleo Joven, el Bono Empleo Mujer y otros subsidios previsionales, con el objetivo de hacer más eficiente la política estatal de empleo.
En materia de regulación, la candidata propone actualizar la normativa para limitar la subcontratación a funciones que no sean parte del núcleo central de la actividad empresarial. Sin embargo, expertos como Juan Bravo, director del Observatorio de Políticas Públicas de la UDP, señalan que aún faltan detalles concretos sobre cómo se definirá el núcleo de la actividad y qué restricciones específicas se impondrán. Algunos advierten que limitar excesivamente la subcontratación podría afectar la eficiencia y competitividad de las empresas.
Por ejemplo, Cristian Duarte, gerente general de Transearch y exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, advierte que en un contexto global donde la flexibilidad laboral es clave, estas medidas podrían desalentar la contratación formal y promover la automatización de procesos, lo que resultaría contraproducente.
Otra de las propuestas polémicas es la implementación de una jornada laboral de 40 horas en el sector público. Algunos analistas señalan que, para avanzar en esta dirección, sería necesario un análisis profundo del empleo público, incluyendo reformas en la carrera funcionaria, los sistemas de evaluación y los requisitos de ingreso.
En relación con las negociaciones sindicales, Jara apuesta por la negociación multinivel o ramal, que buscaría dialogar con diferentes niveles de los trabajadores y empleadores, inspirándose en experiencias internacionales como Alemania, Canadá e Irlanda. No obstante, la mayoría de los expertos coinciden en que en el contexto chileno esto no sería recomendable, dado que existe una gran heterogeneidad en la estructura productiva del país y una marcada brecha salarial entre grandes y pequeñas empresas, lo que dificultaría la implementación de condiciones uniformes a nivel de ramas industriales.
Finalmente, en aspectos económicos adicionales, el plan contempla una reducción del 20% en las tarifas eléctricas para los hogares, mediante mecanismos de compra de energía a precios competitivos, y la restricción del uso de la UF en contratos de salud, educación y arriendo, con el fin de limitar reajustes inflacionarios en estos servicios básicos.
En conclusión, el programa de Jeannette Jara presenta propuestas orientadas a un crecimiento inclusivo y sostenible en el ámbito laboral y económico, pero enfrenta resistencia de expertos que advierten sobre posibles efectos negativos y la necesidad de un análisis más profundo para su implementación.
