En un reciente y polémico anuncio, la ministra de la Secretaría General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, salió en defensa de una disposición contenida en la proyecto de ley de Presupuesto que establece un fondo permanente destinado a los exmandatarios del país. La iniciativa contempla un aumento del 22,3% en la dieta de los expresidentes, superando así la cantidad previamente de 679 millones de pesos anuales, ahora establecida en aproximadamente 830 millones de pesos.
Vallejo aclaró que la norma responde a un mandato constitucional, por lo que la ley debe ajustarse necesariamente a ese precepto y no a decisiones particulares. En declaraciones a la cadena Mega, la ministra enfatizó que “la fijación de las dietas del expresidente es un mandato constitucional, y la ley entonces tiene que reflejar por mandato constitucional”. Además, subrayó que “esto no representa ninguna innovación; más allá del debate de fondo, esto ya está resuelto en términos constitucionales”. La ley simplemente cumple con aplicar ese mandato para todos los exmandatarios de manera general, sin distinciones.
Sobre la naturaleza del gasto, Vallejo fue enfática en señalar que “lo que está en discusión es el propio marco normativo, que establece que los expresidentes tienen derecho a una asignación fija, y cada vez que se produce un cambio en el cargo, esa asignación debe ser regulada por ley”. La ministra agregó que estos montos corresponden a una aplicación legal de una norma constitucional y que, por tanto, se trata de un gasto que, en teoría, siempre estará sujeto a aprobación parlamentaria.
Por otro lado, Vallejo defendió la permanencia de estas asignaciones en el Presupuesto anual, explicando que “esto corresponde a la Ley de Presupuesto, la cual se discute cada año en el Congreso, por lo que siempre estará sujeta a revisión y debate”. La autoridad también aclaró que la ley contempla componentes variados en la asignación y que, en cada administración, debe regularse y fijarse la remuneración de los expresidentes en función de la normativa constitucional.
Mientras tanto, las críticas hacia la iniciativa han sido diversas. La oposición argumenta que estos fondos constituyen un gasto público excesivo y que la asignación debe ser reevaluada para garantizar mayor austeridad fiscal. La polémica en torno a este asunto refleja las tensiones sobre cómo gestionar los recursos del Estado y el reconocimiento a los exmandatarios, tema que no solo divide opiniones en Chile sino que también genera debate en otros países.
En conclusión, la postura oficial del Gobierno chileno, representada por Vallejo, señala que la incorporación de estos fondos en el Presupuesto es un acto legal y constitucional, sin que ello implique innovaciones o privilegios particulares para los expresidentes, sino una aplicación del marco normativo vigente en el país.
