En una audiencia desarrollada en la ciudad de Coyhaique, el suspendido fiscal de la región de Aysén, Carlos Palma Guerra, fue formalizado por la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con la filtración de información reservada en un caso vinculado al tráfico ilícito de drogas. La medida cautelar impuesta por el tribunal, que lo mantiene con arraigo nacional, implica que Palma no podrá abandonar el país ni acercarse a ciertos lugares durante el proceso judicial.
La audiencia, realizada el viernes en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, se produjo tras la confirmación formal de la querella presentada por la Fiscalía de Los Lagos, avalada por la Corte Suprema. En ella, se detalló que Palma, en su calidad de fiscal regional en Aysén, habría divulgado datos confidenciales a un abogado externo al caso, específicamente Luis Hermosilla. Este hecho generó una serie de análisis y cuestionamientos respecto a la integridad de las investigaciones en curso.
Desde la fiscalía, se indicó que Palma habría tenido conocimiento, el 20 de octubre de 2022, de una audiencia de control de detención que se llevaba a cabo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique. Pese a no participar directamente en dicha audiencia, el exfiscal habría divulgado información protegida a Hermosilla, quien no tenía autorización para conocer esos detalles.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Palma remitió al abogado una grabación telefónica que había sido recopilada con autorización judicial, y que aún no había sido presentada en audiencia, advirtiéndole sobre la reservada naturaleza del material. La Fiscalía solicitó que se dictara la medida de arraigo, además de otras medidas para garantizar la investigación.
El caso ha suscitado interés no solo por tratarse de un fiscal suspendido, sino también por las implicaciones sobre la confidencialidad y la seguridad de las investigaciones penales en curso. La defensa de Palma, compuesta por el defensor regional de Aysén, Jorge Moraga, y el defensor público, Cristián Cajas, afirmó que en la conducta del exfiscal no existe delito alguno y que su intención fue colaborar con el proceso.
Cajas puntualizó que, en su opinión, la conducta atribuida a Palma no constituye un ilícito, ya que en ese momento la causa no era secreta. Sin embargo, ambos abogados decidieron acogerse a la medida de cautela para facilitar la investigación.
Asimismo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, explicó que la formalización fue posible gracias a una sentencia de la Corte Suprema que confirmó que Palma entregó información de una causa judicial a personas no autorizadas, vulnerando la confidencialidad del proceso.
El fiscal Palma se aproximará a la última jornada de su cargo como persecutor regional de Aysén, programada para el próximo lunes 13 de octubre, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. La situación ha generado múltiples reacciones en la comunidad local y en los ámbitos judiciales, resaltando la importancia de mantener la transparencia y la integridad en los procesos penales.
Este caso sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días se dicten nuevas medidas o se presenten nuevos antecedentes que aporten a la comprensión de las acciones del exfiscal y su impacto en la confianza pública en las instituciones judiciales. La audiencia y las investigaciones continúan en curso, buscando esclarecer los motivos y las circunstancias que rodearon la divulgación de información reservada en un contexto sensible de lucha contra el narcotráfico.
