La cuestión de la regularización de migrantes en Chile continúa siendo un tema de debate relevante y complejo, generando diversas opiniones entre los actores políticos, económicos y sociales. Recientemente, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), una de las organizaciones más influyentes en el sector productivo del país, propuso un plan para facilitar la regularización de migrantes sin antecedentes penales, generando reacciones tanto de apoyo como de rechazo en distintos sectores de la sociedad.
Este enfoque ha sido respaldado particularmente por algunos expertos del campo económico. El economista Luis Eduardo Escobar, integrante del equipo de asesoría de la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, expresó en una entrevista que la propuesta de la SNA resulta «bastante razonable» y se ajusta a una necesidad apremiante de simplificar los trámites burocráticos que enfrentan los migrantes en Chile.
Escobar destacó que uno de los principales problemas en el proceso de regularización es la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos, que muchas veces dejan a los migrantes en situación irregular durante meses, incluso años, sin la posibilidad de acceder a derechos laborales y sociales. En este sentido, comentó que la propuesta busca poner fin a esa problemática al establecer un sistema más ágil para la obtención de visas y permisos de trabajo.
Además, el experto subrayó la importancia de identificar y legalizar a aquellos migrantes que ya han trabajado en Chile anteriormente. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país podrían existir alrededor de 360 mil migrantes irregulares, lo que representa un desafío de dimensiones considerables para las autoridades y la sociedad.
Respecto a la capacidad del Estado para regularizar a todos estos migrantes, Escobar señaló que «es evidente que ya están aquí, y el primer paso es hacer una selección de quienes realmente desean integrarse formalmente a la economía y la sociedad chilena». Argumentó que sería lógico registrar y documentar a quienes ya han demostrado interés en regularse y aportar positivamente, mientras que a quienes no desean hacerlo, se les debería ofrecer opciones para retornar voluntariamente.
El profesional también comentó que una condición clave para la efectividad de cualquier proceso de regularización es la transparencia y la claridad en los criterios de selección. Además, enfatizó que conocer exactamente quiénes son y qué perfiles tienen los migrantes actuales permitirá diseñar políticas públicas más eficientes y acordes a la realidad del país.
Por último, Escobar abordó la temática de si todos los migrantes sin antecedentes penales deberían ser regularizados. En su opinión, «lo más razonable» sería establecer criterios claros y justos que permitan la regularización de quienes cumplen con ciertos requisitos básicos, priorizando la integración laboral y social, y dejando en manos de un proceso supervisado la decisión final.
Este respaldo desde el ámbito económico refuerza la idea de que, más allá de las tensiones políticas y sociales, un enfoque pragmático y bien organizado podría contribuir a solucionar uno de los problemas más acuciantes en materia migratoria en Chile, promoviendo la inclusión y el desarrollo tanto para los migrantes como para el país en general.
