La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas procesadoras de centolla en la región de Magallanes, así como a ocho de sus ejecutivos, acusando la existencia de un acuerdo de colusión en la fijación de precios durante los años 2020 y 2021. Este hecho, de confirmarse, representa una grave irregularidad que afecta a los pescadores artesanales y al mercado en general.
Según la investigación de la FNE, las compañías involucradas -entre ellas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör- habrían coordinado sus políticas de compra del recurso, que es extraído por pescadores artesanales en la zona del sur de Chile. La denuncia detalla que estas empresas no solo establecían precios en secreto, sino que también mantenían reuniones presenciales en muelles de desembarque, ferias internacionales y otros encuentros locales, además de intercambiar información estratégica mediante llamadas, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea.
El proceso de evidencia se complementó con interceptaciones telefónicas de los ejecutivos y operaciones de allanamiento e incautación en las instalaciones de las compañías en Porvenir, en la región de Magallanes. Todo esto, apunta la FNE, con la intención de manipular de forma coordinada los precios de compra, perjudicando a los pescadores artesanales que dependen de este recurso para su subsistencia.
El impacto de estas acciones ilegales fue considerable, ya que se comprobó que los pescadores recibieron pagos menores en comparación con los precios que habrían obtenido en un mercado competitivo sin la colusión, generando un daño directo a la economía local y a la sustentabilidad del recurso.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, expresó que, aunque actualmente la centolla se destina casi por completo a la exportación, la conducta colusoria ha provocado un daño evidente en el mercado interno, afectando principalmente a los pescadores que viven de esta actividad. En vista de ello, se han solicitado sanciones económicas que alcanzan un total de aproximadamente 51 mil millones de pesos, equivalentes a unas 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), para las empresas implicadas, y cerca de 424 millones de pesos, o 511 UTA, para los responsables directos.
Este caso se suma a otras investigaciones similares, como la acción judicial iniciada en marzo pasado contra un grupo de panaderos industriales en la Provincia de Iquique, también acusados de implementar prácticas colusorias en la elaboración y comercialización mayorista del pan. Estas acciones refuerzan el compromiso de las autoridades de mantener un mercado competitivo, transparente y justo para todos los actores económicos y consumidores.
