En un reciente incidente en Nueva York, una agente encubierta de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) fue captada en un video mientras arrastraba el cabello de una madre, Monica Moreta-Galarza, quien se aferraba a su esposo en un intento de evitar su arresto. La agente, usando máscara y vestimenta civil, empujó a la madre contra la pared y la arrastró por el pasillo, causando que su cabeza chocara contra el suelo. La madre fue posteriormente trasladada a una sala cercana, y en videos de espectadores fue vista en un pasillo del juzgado de inmigración en Manhattan, expresando en español su indignación: “¡No les importa nada!”.
Un agente, vestido con camisa de franela y gorra de béisbol, respondió en tono burlón, diciendo “¡Adiós, adiós!” mientras arrastraba a Moreta-Galarza varias pies por el pasillo, empujándola contra la pared y lanzándola al suelo. La madre fue llevada de urgencia al hospital, sospechándose que sufrió un trauma en la cabeza. Este tipo de agresiones no son aisladas, sino reflejo de una serie de incidentes que, desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017, han sido documentados en videos capturados por testigos, mostrando tácticas de mano dura por parte de los agentes de ICE. Las grabaciones muestran agentes usando cubrebocas, vestidos con ropa de civil, conduciendo autos sin placa y realizando operaciones masivas en calles y sitios de trabajo.
La semana pasada, en Chicago, las tensiones reavivaron cuando una operación migratoria culminó en un accidente automovilístico que provocó la furia de los residentes y uso de gases lacrimógenos. La evidencia en los videos y testimonios de testigos indican que las detenciones a veces se llevan a cabo con violencia excesiva, lo que ha generado controversia y deterioro en la confianza en las agencias federales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido las tácticas, asegurando que los agentes enfrentan “una oleada de ataques y que su objetivo principal son los casos más peligrosos, como criminales violentos, miembros de pandillas, pedófilos y violadores”. Sin embargo, expertos y organizaciones civiles argumentan que muchas de las detenciones afectan a personas sin antecedentes penales graves, incluyendo inmigrantes con denuncias civiles o delitos menores.
Las autoridades también reportan que los recursos en frontera se han reducido debido a una disminución histórica en cruces ilegales durante julio, lo cual ha permitido a ICE y CBP reorientar sus esfuerzos hacia operaciones en comunidades y actividades de deportación en lugares previamente protegidos, como escuelas, iglesias y juzgados, en línea con las políticas del gobierno Trump que redujeron las restricciones en esas áreas. Además, se informa que se destinarán 75 mil millones de dólares en fondos federales hasta 2029 para expansión de capacidad de detención y operaciones de deportación, impulsando la contratación de nuevos agentes y una intensificación en las acciones migratorias.
No obstante, estas tácticas agresivas han generado protestas masivas, enfrentamientos con las fuerzas del orden y un aumento en la tensión social, particularmente en Los Ángeles, donde los residentes han manifestado su rechazo a las operaciones de ICE y CBP. En algunas ocasiones, los agentes han utilizado balas de goma, gases lacrimógenos y otros proyectiles para dispersar manifestantes, lo que ha provocado acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza y cuestionamientos sobre la legitimidad de las acciones federales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en políticas migratorias advierten que la presencia militarizada y las tácticas de confrontación física intensifican el temor en las comunidades inmigrantes, generando un efecto de disuasión que alimenta aún más la desconfianza hacia el gobierno. La narrativa dominante por parte del DHS y la administración Trump ha sido que se está combatiendo a los criminales peligrosos, pero la realidad indica que muchos inmigrantes deportados o detenidos no tienen antecedentes penales graves, sino que son víctimas de una política de enconamiento que busca aumentar las capturas y deportaciones mediante el uso de la fuerza, muchas veces sin duda alguna, lo que ha llevado a una opinión pública polarizada y a debates sobre los derechos humanos y las libertades civiles.
El impacto en la psicología social y en la percepción pública es profundo. La campaña de desinformación, el uso de agentes encapuchados y el ocultamiento de identidades han contribuido a una sensación de inseguridad, desconfianza y trauma en las comunidades afectadas. La política de anonimato y el incremento en las agresiones contra agentes federales, quienes aseguran que la cantidad de ataques ha aumentado un 1,000% desde que Trump asumió en enero, son temas que continúan siendo objeto de controversia y discusión en el escenario político y social estadounidense.
En respuesta a las críticas, el DHS ha señalado que las acciones se realizan para proteger a los oficiales y sus familias, y que el uso de máscaras y ropa civil en algunas operaciones es una medida de protección. Sin embargo, expertos y exfuncionarios como Jeffrey Swartz advierten que esta práctica puede escalonar los enfrentamientos, dificultando que las fuerzas del orden puedan ser identificadas claramente como agentes estatales, además de socavar la transparencia y la confianza pública en las instituciones.
Finalmente, la reducción de cruces fronterizos ha permitido redistribuir recursos, pero la tendencia hacia operaciones más agresivas y enmascaradas, en un contexto de aumento de detenidos sin antecedentes criminales, plantea serias preocupaciones sobre el estado de los derechos civiles y la legitimidad del proceso migratorio en Estados Unidos, dejando a las comunidades en un estado de inseguridad y desconfianza prolongada.