Un juez federal en Oregon, designado por Trump, emitió una segunda decisión en contra de los esfuerzos de la administración de Trump para enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, bloqueando temporalmente su despliegue desde cualquier parte de Estados Unidos. Esta decisión amplía una orden previa del sábado que impedía el envío de tropas de la Guardia Nacional de Oregon a la ciudad, alegando que las protestas en Portland no constituían una amenaza de rebelión y que la movilización federal de tropas en esa área excedía la autoridad constitucional del presidente. President Donald Trump afirmó que la presencia de las tropas era necesaria para calmar las protestas en una instalación de Immigration and Customs Enforcement (ICE), aunque esta afirmación fue fuertemente cuestionada por funcionarios locales y estatales.
La audiencia extraordinariamente rápida del domingo ocurrió después de que funcionarios de Oregon y California objetaran en los tribunales la reasignación de tropas federales en Los Ángeles a Portland, en un intento aparente de evitar la orden judicial del día anterior. Durante la audiencia, la jueza Karin Immergut cuestionó duramente al abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, señalando que parecía que estaban intentando evadir la orden judicial anterior. La jueza destacó que la orden del sábado prohibía el envío de la Guardia Nacional de Oregon, porque en ese momento, ella consideraba que el gobierno federal había sobrepasado su autoridad constitucional al federalizar a los militares, dado que las protestas en Portland no representaban una amenaza de insurrección.
La jueza también señaló que las condiciones en Portland no habían cambiado cuando la administración intentó movilizar tropas de la Guardia Nacional de California, y por lo tanto, la orden de bloqueo seguía vigente. Además, durante la audiencia, el juez solicitó al abogado Hamilton si los acusados estaban simplemente eludiendo la orden judicial, a lo que el abogado respondió que no, pero la jueza manifestó su frustración ante lo que consideraba un intento de burlar la orden judicial establecida.
La orden de restricción provisional estará en vigor hasta el 19 de octubre, y se programará una audiencia para el 17 de ese mes con el fin de decidir si la orden se extiende por otras dos semanas. La decisión también consideró una nota del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ordenó la movilización de hasta 400 tropas de la Guardia Nacional de Texas en Illinois, Oregon y otras ciudades, generando controversia adicional.
El fallo judicial ha sido recibido con opiniones diversas: por un lado, algunos celebran la decisión como una defensa del estado de derecho y la autoridad judicial, mientras que otros la critican por limitar la respuesta federal ante las protestas y el orden público. La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, manifestó que no existe necesidad de intervención militar y que las protestas en Portland no representan una insurrección ni una amenaza a la seguridad nacional, calificando la movilización de tropas como un acto inadecuado y autoritario. Por su parte, la fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, elogió la decisión judicial, señalando que el presidente no puede seguir burlar las órdenes judiciales y que el gobierno federal probablemente apelará el fallo.
Desde California, el gobernador Gavin Newsom declaró que la victoria en los tribunales demuestra que las acciones de Trump son abusivas y aseguró que no se permitirán esas acciones sin autorización. Además, anunció que planea presentar una demanda contra la movilización de tropas en Portland, denunciando que esta es una forma de usar a las fuerzas militares como herramienta política contra los ciudadanos estadounidenses.
Mientras tanto, la administración de Trump también ha dirigido su atención a otras ciudades, como Chicago, donde autorizó a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a oficiales y activos federales frente a lo que califican como disturbios y violencia en curso, aunque las autoridades locales y estatales se oponen y consideran que no hay insurrección o amenaza a la seguridad pública. La tensión se intensifica, y las acusaciones de uso político de la fuerza federal continúan multiplicándose, con críticas desde diversos frentes a la estrategia del gobierno federal en medio de las protestas que se extienden por varias ciudades del país.
