La Corte Suprema anunció el viernes que la administración de Trump puede, por ahora, eliminar las protecciones temporales de cientos de miles de inmigrantes venezolanos, suspendiendo una orden de un juez federal que indicaba que los funcionarios habían actuado de manera inapropiada en este asunto. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, fue criticada por la jueza de la Corte, Ketanji Brown Jackson, quien calificó la decisión como “otra grave mala conducta de nuestro expediente de emergencia”.
El fallo permite que la administración revoque el estatus protegido temporal (TPS) para venezolanos, en medio de una disputa legal que cuestionaba si la revocación fue correcta y legal. La decisión mantiene en suspenso la orden del juez que prohibía a los funcionarios quitar las protecciones a los inmigrantes venezolanos, permitiendo temporalmente que continúe el proceso actual. Se espera que la medida afecte a cientos de miles de personas que estaban recibiendo protección y beneficios migratorios de forma provisional, en espera de una resolución definitiva.
La corte también comunicó que esta decisión no será definitiva y que puede ser modificada en futuras audiencias o por decisiones superiores, pero por ahora, los inmigrantes venezolanos enfrentan una situación incierta y en proceso de posible revocación de su protección. La resolución ha sido duramente criticada por defensores de inmigrantes y políticos opositores, quienes la ven como un paso hacia la reducción de derechos para inmigrantes vulnerables y una posible estrategia política del ejecutivo.
Los afectados por esta decisión incluyen inmigrantes que llegaron a Venezuela en busca de refugio y protección por los conflictos en su país y que desde entonces han dependido de estas protecciones temporales para permanecer en Estados Unidos. La administración argumenta que la revocación responde a cambios en las condiciones políticas y sociales en Venezuela, así como a la necesidad de aplicar políticas migratorias más estrictas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y grupos proinmigrantes consideran que la ley y tratados internacionales garantizan la protección, y que la decisión del tribunal puede ser una mala interpretación de la ley.
En respuesta, varios grupos están preparando recursos legales y protestas, solicitando que la orden sea revertida y que se mantenga el estatus de protección para los venezolanos. Como resultado, la situación continúa siendo volátil, y las comunidades afectadas permanecen en una posición de incertidumbre hasta que se resuelva de forma definitiva en futuras instancias judiciales.
