El horizonte fiscal del candidato presidencial José Antonio Kast se encuentra en un momento de tensión y desafío. Hace solo unos meses, su equipo anunció un recorte drástico del gasto público por aproximadamente 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses, una medida que pretende marcar un cambio contundente en la gestión financiera del Estado chileno. Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso debate interno y externo, ubicado en el centro de las discusiones electorales y políticas del país.
El anuncio de Kast, acompañado inicialmente por Jorge Quiroz, su coordinador económico, fue recibido con sorpresa y cierta incredulidad. La estrategia parecía orientada a mantener una postura de bajo perfil respecto a los detalles del recorte, confiando en que el solo hecho de plantear una reducción significativa sería suficiente para consolidar su propuesta ante la ciudadanía. Sin embargo, ante la presión del oficialismo y la oposición, especialmente tras las declaraciones de la candidata Evelyn Matthei y del propio presidente Boric, la estrategia de reserva comenzó a ceder. Desde el entorno cercano al comando de Kast admiten que uno de los mayores desafíos es explicar de manera convincente cómo se logrará esa reducción en solo 18 meses, considerando que un 92% del gasto público en la actualidad se encuentra atado a obligaciones legales y compromisos existentes.
El oficialismo ha calificado la propuesta como irresponsable e inviable desde un punto de vista político y social, argumentando que un recorte de esa magnitud pondría en riesgo beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros derechos fundamentales. La críticas han sido reforzadas por las recientes cifras de la Dirección de Presupuestos, que indican que la mayor parte del gasto estatal se encuentra legalmente comprometido. La emergencia de estas dificultades ha llevado a que el propio equipo de Kast intente presentar un plan detallado para convencer a la opinión pública, incluyendo medidas administrativas estimadas en 3 mil millones de dólares y otras que requerirán aprobación en el Congreso.
En ese contexto, la estrategia de los colaboradores de Kast ha incluido argumentar que el recorte se logrará mediante acciones de eficiencia en la administración pública, combate a la evasión y un mejor uso de los recursos, prometiendo un ajuste que en su visión sería posible sin perjudicar los beneficios sociales. Esta narrativa busca suavizar las críticas y posicionar la propuesta como necesaria y realizable.
El debate, sin embargo, continúa siendo complejo. Desde algunos sectores de la derecha, y a pesar de que reconocen la dificultad del objetivo, insisten en que el recorte es imprescindible y que, en última instancia, se trata de un proceso que puede hacerse de forma gradual y con garantías, incluso sugiriendo que en una eventual segunda vuelta, Kast podría modificar su relato y aceptar ajustes adicionales o prolongar el horizonte de implementación.
Por otro lado, la discusión también ha abierto una reflexión sobre los costos políticos y sociales de una política fiscal tan ambiciosa. Expertos y exautoridades advierten que una reducción de esa escala en tan corto tiempo puede desencadenar una serie de reacciones adversas, desde protestas sociales hasta una pérdida de apoyo popular, especialmente si se percibe como un peligro para los beneficios sociales y la protección de derechos fundamentales. La viabilidad política de implementar un ajuste de esta magnitud en pleno contexto electoral, con un escenario de polarización, sigue siendo una de las principales incógnitas.
Finalmente, dentro de las filas del llamado sector político de Chile Vamos, existe la preocupación de que si Kast llega a la segunda vuelta, tendrá que negociar un acuerdo que limite los recortes o que establezca condiciones para proteger ciertos beneficios sociales y evitar un desgaste social mayor. La estrategia será, en gran parte, definir cuánto se podrá recortar sin perder la base de apoyo y cómo escapar a un escenario de confrontación abierta con las organizaciones sociales y los actores políticos que se oponen radicalmente a la reducción del gasto social.
La encrucijada en la que se encuentra Kast representa una prueba de fuego para su liderazgo y su capacidad de negociación, y marcará en buena medida la orientación del debate fiscal y social en el país en los próximos años. La tensión entre un proyecto de austeridad y los derechos sociales sigue siendo uno de los temas más relevantes y delicados en la coyuntura electoral chilena.
