El plan fiscal establecido por la administración de Gabriel Boric prevé que en 2029 el país alcance un equilibrio fiscal estructural, pero las previsiones y supuestos en los que se basa esta hoja de ruta han sido cuestionados por expertos en economía y finanzas públicas. La estrategia oficial asume que durante 2025 el déficit fiscal estructural será del 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB), además de que el gasto público crezca solo en un 0,5% en promedio entre 2026 y 2029, una meta que los analistas consideran casi inalcanzable.
Desde el Ministerio de Hacienda explican que este escenario optimista se apoya en suposiciones donde los ingresos por cobre no disminuyen en más de un 0,3% y que las medidas legislativas correctivas que aún están en discusión no generan mayores efectos adversos. Se proyecta que la deuda bruta cierre el año en un 42,4% del PIB, ligeramente por encima del 42,2% estimado en junio, pero aún en niveles considerados manejables.
El plan fiscal, a largo plazo, apunta a reducir el déficit a cero en 2029, partiendo de un déficit estructural que, según expertos, podría ser mayor al estimado por Hacienda. De hecho, la diferencia entre la meta y los datos históricos muestran un esfuerzo sustancial en contener el gasto público, que en los últimos años ha mostrado inercia y resistencia a las políticas de austeridad.
El estimado de gastos del gobierno para los próximos años anticipa incrementos muy controlados: un 1,7% en 2026, igual en 2027, nuevamente estable en 2028 con un 0,2% y un 0% en 2029. En dólares, la holgura financiera proyectada sería de aproximadamente 638 millones en 2027, 1.636 millones en 2028 y 1.047 millones en 2029, cifras que representan márgenes muy ajustados para la gestión de crisis o gastos imprevistos.
Es importante destacar que, aunque las métricas de holgura y ahorro parecen ofrecer un respiro, en realidad estas cifras no reflejan toda la realidad. La metodología utilizada para estimarlas no incorpora ciertos gastos comprometidos, como reajustes en la estructura del sector público, ni los beneficios de mejora en la eficiencia que puedan lograrse. Esto genera que las diferencias entre la proyección oficial y la capacidad real del Estado para hacer frente a necesidades futuras sean notorias.
Asimismo, los expertos advierten que avanzar en estas metas requiere un esfuerzo político significativo. La exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, señala que las proyecciones de holgura se basan en supuestos poco realistas y que la persistente subestimación de los gastos comprometidos y la sobreestimación de los ingresos generan un escenario donde la realidad podría ser mucho más desafiante. La economista Macarena García también sostiene que cumplir con un crecimiento del gasto de solo 0,5% anualmente será muy difícil, dado que la inercia del gasto y los costos políticos asociados a los ajustes administrativos limitan las posibilidades.
Por otro lado, los analistas advierten que un nuevo gobierno con ideas y políticas distintas probablemente requerirá mayores recursos, lo que podría guardar una relación directamente proporcional con el aumento del gasto y los déficits. La posibilidad de un shock externo o interno que demande mayores desembolsos también pone en duda la sostenibilidad de los supuestos fiscales.
Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, cuestiona la credibilidad de estas proyecciones dada la historia reciente y los incumplimientos reiterados de metas fiscales; además, señala que los supuestos optimistas sobre la situación económica futura y el manejo de los ingresos no están respaldados por evidencias sólidas, por lo que la percepción de espacio fiscal adicional está lejos de ser confiable. La iniciativa de mantener holguras de alrededor de 2.230 millones de dólares para 2026, y aumentarlas en años posteriores, solo puede lograrse si efectivamente se controlan los gastos y si los ingresos superan las estimaciones.
Finalmente, la política fiscal futura dependerá en gran medida de la voluntad política del próximo gobierno para contener el gasto, reasignar recursos y, en definitiva, ajustar su agenda a una realidad fiscal más restrictiva. La implementación de medidas concretas de austeridad y reformas estructurales será clave para evitar que el escenario fiscal se vuelva aún más precario, y así poder mantener una deuda presupuestaria en niveles sostenibles, que en la actualidad se proyectan alrededor del 43% del PIB en los próximos años.
