El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el martes reemplazar la misión policial internacional en Haití por una fuerza militarizada más grande y agresiva para luchar contra las bandas armadas en Haití, allanando el camino para las primeras elecciones presidenciales y legislativas en casi una década en ese país. La votación fue un reconocimiento de que la misión policial liderada por Kenia, que anteriormente apoyaba, no logró recuperar el control de la nación caribeña azotada por la crisis.
La resolución, redactada por Estados Unidos y Panamá, ordena una “fuerza de supresión de bandas” compuesta por 5,500 militares, policías y civiles, más de cinco veces el tamaño de la actual misión de apoyo a la seguridad multinacional, o MSS. La fuerza tendrá autorización para operar independientemente de la policía y del ejército haitiano, y para detener a los criminales. Una oficina de las Naciones Unidas en Haití brindará apoyo logístico y administrativo.
El despliegue de la fuerza será por un período inicial de 12 meses, según la resolución, y su objetivo será realizar operaciones dirigidas y específicas, lideradas por inteligencia, para neutralizar, aislar y disuadir a las bandas que continúan amenazando a la población civil y a la infraestructura crítica, como puertos y escuelas.
Aunque el esfuerzo es respaldado por la mayoría de los países miembros, existen dudas respecto a cómo se evitarán los obstáculos del pasado. Las contribuciones para la fuerza seguirán siendo voluntarias, y no todos los países que prometieron enviar tropas lo han hecho. Por ejemplo, algunos países que se comprometieron, como Benín, no han enviado personal. Los oficiales en Haití, incluso con recursos como vehículos blindados del Estados Unidos y Canadá, han tenido dificultades para navegar en la geografía urbana de Puerto Príncipe y en muchas ocasiones estos vehículos, debido a la falta de piezas de repuesto, han quedado inservibles. La ONU informó que en lo que va del año la escasez de repuestos ha dejado la mitad de los vehículos de combate sin uso.
El mayor desafío que enfrentará esta nueva misión será la falta de recursos. Las contribuciones de los países miembros, ya sean personal, equipo o dinero, han sido voluntarias y no suficientes. Aunque Kenia había planeado una fuerza de 2,500 efectivos, solo logró desplegar alrededor de 1,000, y muchos países que prometieron personal nunca cumplieron.
El embajador de Kenia ante la ONU, William Ruto, advirtió que Kenia ha sido sometida a una baja financiación y a una insuficiente dotación de equipos, y que sus soldados han tenido que soportar responsabilidades sin el apoyo logístico completo que requiere una misión de esta magnitud.
La decisión de desplegar la fuerza fue criticada por otros actores internacionales. El embajador chino, Zhang Jun, calificó la resolución como “ambigua en varios asuntos críticos” y criticó a sus promotores por no proporcionar información sustancial antes de votar.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló en una carta a los países miembros que las herramientas de asistencia internacional que se han utilizado en Haití en el pasado no han producido resultados sostenibles, y expresó su escepticismo sobre que esta nueva misión tenga mejores resultados sin una financiación y recursos adecuados. Además, destacó que los esfuerzos pasados hayan sido considerados “inútiles” y que la experiencia indica que estas intervenciones a menudo generan resistencia y resentimiento por parte de la población haitiana, que en muchos casos llama a sus oficiales “turistas”.
El apoyo a la misión no estuvo unánime. Rusia, China y Pakistán votaron en abstención, argumentando que las operaciones militares en Haití podrían empeorar la situación y que no hay garantías de que la fuerza pueda cumplir sus objetivos sin cometer errores similares a los del pasado.
En los últimos 15 meses, las bandas en Haití han aumentado su control territorial, y el número de desplazados internos ha más que duplicado. Las bandas controlan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe y avanzan hacia las zonas rurales. La violencia ha provocado la muerte de más de 3,100 personas solo en la primera mitad del año, según informes de la oficina de la ONU en Haití, y muchas familias han sido desplazadas, atrapadas en campamentos improvisados de difícil acceso.
El propio Primer Ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, apoyó el despliegue, calificándolo como “una palanca estratégica para detener la violencia de las bandas y proteger a la población haitiana”. Sin embargo, críticos y analistas advierten que la falta de recursos, la historia de intervenciones internacionales fallidas y las dudas sobre la sostenibilidad de la operación pueden hacer que esta misión también fracase, dejando a Haití en una situación aún más precaria.
Mientras tanto, la comunidad internacional continúa dividida y sin una solución definitiva para detener la violencia de las bandas y restaurar la estabilidad en Haití. La duda persiste sobre si esta nueva fuerza podrá evitar repetir los errores del pasado y lograr una verdadera estabilidad en el país caribeño.
