Memphis, la segunda ciudad más grande de Tennessee, se encuentra en medio de una serie de operaciones policiales y despliegues militares en respuesta a un incremento en la delincuencia y en un contexto de controversia política a nivel nacional. Las autoridades federales han intensificado sus esfuerzos, realizando numerosos arrestos y desplegando efectivos en la ciudad, en un movimiento que ha generado tanto apoyo como rechazo entre los residentes y líderes locales.
El fiscal general de Estados Unidos anunció que se han habilitado 219 oficiales como delegados especiales y que el Centro de Operaciones Conjuntas está activo. Gracias a estas acciones, en la mañana siguiente ya se habían efectuado 53 arrestos y confiscado 20 armas ilegales, en un esfuerzo coordinado para mantener la seguridad en la comunidad.
Este despliegue forma parte de una iniciativa mayor del gobierno federal que, bajo la dirección del presidente Donald Trump, ha enviado en los últimos días tropas de la Guardia Nacional a ciudades como Washington, Detroit, Chicago, Portland y ahora Memphis. Trump sugirió que estas ciudades podrían servir como un “campo de entrenamiento” para el ejército de Estados Unidos, promoviendo una estrategia de saturación masiva de barrios considerados problemáticos con personal policial y cumplimiento estricto de leyes de seguridad pública.
En Memphis, el despliegue cuenta con el respaldo de algunas autoridades locales. El alcalde Paul Young, un demócrata, sostuvo reuniones con funcionarios federales y afirmó que la cooperación busca sostener la tendencia de reducción del crimen lograda en los últimos meses. Sin embargo, enfatizó que no se esperan operativos masivos ni presencia de tanques, asegurando que los efectivos militares solo actuarán si son solicitados por las autoridades locales.
Por otro lado, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, expresó que no se enviarán más de 150 miembros de la Guardia Nacional y que estos no arrestarán ni portarán armas a menos que las autoridades locales lo pidan expresamente. La diferencia en la respuesta entre Memphis y Washington radica en la aplicación de la ley federal Posse Comitatus, que limita la participación de los militares en tareas policiales en la ciudad de Memphis.
Mientras tanto, en Portland, las tensiones también han escalado. La fiscalidad de la resistencia local y los desacuerdos políticos se reflejaron en una serie de enfrentamientos y protestas, incluyendo incidentes en los que agentes federales dispersaron manifestantes con gases lacrimógenos y detuvieron a varios de ellos, en un contexto en que muchos residentes y líderes consideran desproporcionado el despliegue militar.
En Oregon, los líderes estatales han abogado por la legalidad y han demandado al gobierno federal por la presunta ilegalidad del despliegue de tropas en Portland. La gobernadora Tina Kotek y otros funcionarios afirman que no existe una insurrección ni una amenaza a la seguridad nacional que justifique tales acciones y denunciaron que estas operaciones buscan politizar los disturbios ocurridos desde 2020.
Estas tensiones se producen en un momento en que el gobierno federal busca justificar sus acciones mediante ejemplos de supuesta violencia y caos en las ciudades bajo el mandato de los partidos Demócrata y Republicano. Sin embargo, los residentes y autoridades locales en Portland y otras ciudades argumentan que la realidad es muy distinta y que las protestas mayoritariamente han sido pacíficas, siendo algunas incluso un reflejo del descontento social y las demandas por reformas.
El despliegue de fuerzas federales en Memphis, Portland y Chicago representa una política federal que continúa generando debate, pues algunos ven en ella una forma de garantizar la ley y el orden, mientras que otros la consideran una injerencia indebida que viola las leyes locales y los derechos civiles. La controversia sigue abierta, y las comunidades afectadas esperan respuestas claras y soluciones sostenibles a la inseguridad y la violencia, así como a los conflictos políticos que estos movimientos han desatado.
