En un comunicado reciente, las principales plataformas de apuestas en línea expresaron su rechazo al fallo dividido de la Corte Suprema, que en su decisión acogió el recurso presentado por la Lotería de Concepción y ordenó bloquear todos los sitios de apuestas digitales considerados ilegales. Estas plataformas argumentaron que dicha sentencia genera una gran incertidumbre jurídica y que, en consecuencia, el Estado dejará de percibir aproximadamente 800 millones de dólares en ingresos fiscales cada año. Además, señalaron que la responsabilidad de resolver esta problemática no recae en los tribunales, sino en la voluntad del Congreso Nacional, que debe establecer un marco regulatorio modernizado. El gremio insistió en la necesidad urgente de una regulación actual y adecuada para el país, similar a las que existen en países de la OCDE, donde las plataformas operan bajo estrictas normativas que garantizan protección a menores, resguardo de datos personales y prevención del lavado de dinero. La agrupación afirmó que sus operaciones ya cumplen con rigurosos marcos normativos en diversos países, y que Chile requiere actualizar su legislación para aprovechar el potencial económico y social de esta actividad.
Por otro lado, la decisión de la Corte Suprema fue celebrada por la Lotería de Concepción, que destacó que esta resolución sienta un precedente vital: bloquear los sitios ilegales de apuestas en línea no es una opción, sino una obligación legal. La entidad, que gestiona el producto Kino, sostuvo que la neutralidad de red y las políticas de restricción del acceso a contenidos ilícitos deben aplicarse también a los sitios de apuestas no autorizados, argumentando que la protección de los usuarios requiere impedir el acceso a plataformas que operan sin respaldo legal. La entidad precisó que actividades como la pornografía infantil o la distribución de malware deben ser bloqueadas, y que lo mismo debe aplicar para los sitios de apuestas ilegales, asegurando que solo las plataformas autorizadas puedan ofrecer sus servicios.
La controversia continúa, poniendo en cuestionamiento el rol del Estado y la necesidad de un marco legal claro que permita regular eficazmente el mercado de las apuestas online, reconociendo su impacto económico y social, y garantizando la protección de los usuarios. La discusión se mantiene en la agenda nacional, con la expectativa de que el Congreso tome las decisiones pertinentes para equilibrar el desarrollo económico con la protección del consumidor y la legalidad.
