El viernes, el gobernador demócrata de Carolina del Norte firmó una ley contra el crimen que la legislatura controlada por republicanos aprobó en respuesta a la muerte por apuñalamiento de una refugiada ucraniana en un tren de cercanías en Charlotte. Aunque el gobernador expresó que, aunque apoya ciertas disposiciones, no estuvo completamente de acuerdo con otras partes de la ley. Según informó AP, el gobernador Josh Stein justificó la firma diciendo que la ley “alerta a la justicia para que preste especial atención a las personas que podrían representar riesgos inusuales de violencia antes de decidir su libertad condicional. Eso es algo bueno”.
La nueva ley prohíbe el fianza sin efectivo en ciertos delitos violentos y para muchos reincidentes, además de limitar la discreción de magistrados y jueces en las decisiones de liberación previa al juicio. También le otorga al juez principal del estado la facultad de suspender magistrados y busca asegurar que más acusados pasen por evaluaciones de salud mental. Como parte de la legislación, se busca reiniciar la aplicación de la pena de muerte en Carolina del Norte, donde la última ejecución se realizó en 2006.
El gobernador expresó su apoyo a la ley, aunque criticó ciertas partes, acusando a los legisladores de no centrarse adecuadamente en la amenaza que representan los delincuentes, sino más bien en su capacidad para pagar la fianza. Stein, ex fiscal general del estado, comentó en un breve video que “me preocupa su falta de ambición o visión; simplemente no hace lo suficiente para mantenerte seguro”. También criticó una porción que pretende reactivar las ejecuciones capitales, bajo la afirmación de que en Carolina del Norte no habrá fusilamientos durante su mandato, calificándolos de “bárbaros”.
La firma de la ley por Stein, a pesar de la oposición, confirma las reformas reclamadas por políticos republicanos y sus aliados. La ley también contempla ciertas apelaciones para condenados a muerte, que deben ser revisadas por los tribunales antes de 2027, y abre la posibilidad de usar otros métodos de ejecución, como las escuadras de fusilamiento, en caso de que la inyección letal se declare inconstitucional o no esté disponible.
A lo largo del proceso legislativo, algunos críticos, como la capítulo de NAACP en el estado, acusaron a Stein de elegir la crueldad en lugar de la justicia, responsabilizando a legisladores de ambos partidos por “este fracaso vergonzoso de liderazgo”.
Cabe destacar que el acusado por la muerte de Iryna Zarutska, Decarlos Brown Jr., ha sido arrestado en más de una docena de ocasiones y anteriormente cumplió más de cinco años por robo violento. En una audiencia, un magistrado autorizó su liberación sin fianza en enero, bajo una promesa escrita de comparecer, tras haber sido arrestado en varias ocasiones y haber llamado varias veces al 911 desde un hospital, reportando que alguien intentaba controlarlo con una sustancia extraña. Ahora enfrenta cargos tanto en corte estatal por asesinato en primer grado como en el nivel federal. Ambos delitos pueden ser castigados con la pena de muerte.
La nueva ley también establece que ciertas apelaciones de los condenados a muerte deben ser escuchadas y revisadas por los tribunales antes de 2027 e incorpora la posibilidad de usar otros métodos de ejecución si la inyección letal se vuelve inconstitucional o se vuelve inaccesible. La firma de la ley ha generado controversia, con el capítulo de NAACP condenando la acción de Stein y llamando a los legisladores a ser responsables por “esta vergonzosa falla de liderazgo”.
El acto de firmar la ley por Stein, un ex fiscal general, consolidó en ley las reformas exigidas por los políticos republicanos, en medio de críticas por el método y el alcance de las medidas. La legislación ha sido vista como una victoria para los republicanos que buscan fortalecer las políticas de seguridad pública ante el aumento de la delincuencia en las ciudades.
Una de las imágenes principales muestra a miembros de la comunidad sosteniendo velas durante una vigilia en honor a Iryna Zarutska, quien fue apuñalada mortalmente en un tren ligero en Charlotte en agosto, un evento que generó indignación y llevó a manifestaciones. La tragedia también provocó una cacerolazo y un debate sobre la política criminal en las ciudades estadounidenses, evidenciado por la cobertura mediática que documenta tanto las acciones policiales como las protestas públicas.
