El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha confirmado que aguardará la resolución de las autoridades judiciales respecto al caso de Bernarda Vera, una mujer que fue registrada como detenida desaparecida durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Sin embargo, investigaciones recientes indican que Vera estaría con vida en Argentina, situación que ha generado un intenso debate sobre la veracidad de los registros históricos y el papel del Estado en la verificación de antecedentes.
Este caso ha capturado la atención pública después de que diversos medios de comunicación, como Chilevisión y Reportea, publicaran reportajes que sugieren que Vera, en realidad, logró escapar de Chile en los años setenta. Se dice que residió en Suecia y posteriormente regresó a Argentina, donde viviría actualmente. La ministra vocera del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, confirmó que existen antecedentes oficiales que ubican a Vera en el extranjero, respaldando así las investigaciones periodísticas.
El Gobierno ha destacado que Bernarda Vera sería el único caso de una persona registrada como detenida desaparecida que, tras el proceso de búsqueda, ha sido verificada como viva y en otro país, específicamente en Argentina. Esta revelación ha provocado un amplio debate acerca de cómo las instituciones del Estado gestionan y verifican los antecedentes relacionados con las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
En respuesta a esta situación, el Museo de la Memoria emitió un comunicado en el que subraya que su relato institucional se respalda en los informes de la Comisión Rettig y la Comisión Valech, que son las instancias oficiales encargadas de documentar y esclarecer los hechos ocurridos durante ese período oscuro en la historia chilena. La institución recalca que respetará la decisión de la justicia y que, en caso de que se determine que Vera está viva en el extranjero, ello no invalida la importancia de mantener viva la memoria y la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el museo afirmó que tomará las medidas necesarias para que su relato y exposición se mantengan alineados con los hallazgos científicos y jurídicos reconocidos por el Estado, resaltando que en situaciones excepcionales como estas, es responsabilidad del Estado y sus instituciones actuar con rigurosidad y respeto hacia las víctimas y sus familias. Reconocen que, dada la complejidad de estos casos, existe la posibilidad de errores en la investigación y que la justicia transicional requiere de una labor minuciosa y cuidadosa.
Sobre el caso específico de Bernarda Vera, el organismo anunció que esperará el pronunciamiento formal de los tribunales antes de realizar cualquier cambio en su relato museográfico o documental. La institución reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad, la memoria y la reparación, y señala que estas decisiones se tomarán en conformidad con los principios éticos y legales que rigen su labor.
El caso ha generado críticas a las autoridades, en particular al exministro de Justicia Luis Cordero, cuya gestión en ese entonces ha sido cuestionada en relación con la verificación de antecedentes y la actual revelación de la posible presencia de Vera en Argentina. La oposición ha pedido mayor transparencia y acciones concretas para esclarecer totalmente estos hechos.
Finalmente, el Museo de la Memoria enfatizó que, si bien este caso particular presenta un escenario complejo, no debe interpretarse como un cuestionamiento global a la veracidad del relato histórico sobre las desapariciones forzadas. La desaparición forzada sigue siendo una práctica sistemática en la historia de Chile durante la dictadura, y la institución reafirma que su labor continúa enfocada en mantener vivo el recuerdo y garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.
