En un día marcado por la tensión y la violencia, Nepal vivió una escalada dramática en su crisis política y social, con manifestantes incendiando edificios gubernamentales, estaciones de policía y las residencias de políticos en la capital, Katmandú. La ola de disturbios, que entró en su segundo día, fue desencadenada por la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, en medio de una creciente insatisfacción social que ha sido alimentada por años de corrupción, desigualdad económica y represiones civiles.
La represión por parte de las fuerzas de seguridad en días anteriores dejó al menos 19 muertos en protestas masivas, en algunos de los enfrentamientos más graves en años. Sin embargo, para el martes, las acciones del gobierno dieron un giro inesperado: Oli y otros funcionarios clave renunciaron, y las fuerzas armadas de Nepal emitieron un comunicado solicitando calma y llamando a las partes a buscar una salida pacífica a la crisis.
Las calles de Katmandú se convirtieron en un escenario de caos, donde manifestantes atacaron edificios gubernamentales, incluyendo el complejo del Parlamento, y algunos incluso incendiaron el hogar del ex primer ministro Oli, quemando muebles y rompiendo ventanas con piedras y ladrillos. Los disturbios también afectaron aeropuertos internacionales, lo que resultó en la desviación de vuelos y la suspensión de operaciones en la terminal principal debido a las columnas de humo que cubrían el valle.
Uno de los desencadenantes fue la decisión del gobierno de bloquear el acceso a varias plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, WhatsApp e Instagram, acusándolas de no registrarse con las autoridades, en una estrategia similar a otras naciones de la región. La medida, que afectó la comunicación y las remesas que muchos nepalíes envían desde el extranjero, provocó una oleada de protestas masivas que derivaron en un estruendo de incendios y enfrentamientos.
Las protestas, lideradas principalmente por jóvenes y etiquetadas como ‘el movimiento generación Z’, reflejan un profundo descontento por la corrupción y las desigualdades sociales que han persistido en Nepal durante años. Los manifestantes declararon que representan la voz de la juventud nepalí, y en sus demandas piden una mayor transparencia, la disolución del Parlamento y una reforma política urgente.
El descontento también se centra en la situación económica, considerada como una de las crisis más arraigadas. La tasa de desempleo alcanza un 12.6%, y la mayoría de los jóvenes busca trabajo en otros países, particularmente en los países petroleros del Golfo Pérsico y Malasia, enviando remesas que constituyen un cuarto del Producto Interno Bruto del país. La corrupción, el nepotismo y la mala gestión gubernamental acrecientan la frustración, con escándalos de desfalcos millonarios y manipulación de fondos públicos.
Tras la renuncia, especialistas y líderes militares han hecho un llamado a la calma y al diálogo político, advirtiendo sobre los peligros de la violencia y el deterioro institucional. Sin embargo, la situación en las calles sigue siendo tensa: manifestantes armados con cócteles molotov, algunas personas con armas de fuego y un entorno de destrucción general, con sitios como la corte suprema y oficinas de partidos políticos en llamas o dañadas.
La revuelta en Nepal refleja un patrón regional en que crisis similares han provocado la caída de gobiernos en países como Bangladesh y Sri Lanka en los últimos años. La población joven, que ha adoptado una postura activa en estas protestas, exige un cambio real ante décadas de corrupción y desigualdad, y ha mostrado estar dispuesta a enfrentar la represión en una lucha que pone en jaque la estabilidad del país.
Mientras tanto, las fuerzas militares y policiales llaman a la moderación, intentando evitar una escalada mayor, y la comunidad internacional observa con atención. La esperanza de muchos es que estas protestas sean un catalizador para una reforma política profunda y el fin de la corrupción arraigada, para así allanar el camino hacia una Nepal más justo y democrático.
