El domingo, un juez federal dictaminó que se detenga temporalmente el envío de tropas de la Guardia Nacional por parte de la administración de Donald Trump hacia Portland, en medio de un escenario marcado por intensas disputas legales y acciones militares. Esta decisión judicial ocurrió después de que la administración intentara movilizar tropas de la Guardia Nacional de otros estados, a pesar de que un juez previamente negó la movilización de las tropas de Oregon.
Justo antes de una audiencia programada para el domingo por la noche, motivada por la movilización de la Guardia Nacional de California a Portland, Trump ordenó además el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional de Texas hacia Illinois, Oregón y otros lugares, según informaron los gobernadores de dichos estados. La jueza federal Karin Immergut, quien fue designada por el expresidente Trump, expresó escepticismo respecto a los argumentos del gobierno para movilizar la Guardia, mostrando frustración por lo que consideró un intento de eludir su orden del sábado anterior.
Durante la audiencia, que duró menos de 30 minutos, Immergut cuestionó directamente a un abogado del Departamento de Justicia, preguntándole si los acusados estaban evadiendo su decisión inicial, a lo que él no pudo responder de forma clara. La jueza señaló que en las semanas recientes, Trump ha ordenado el despliegue de tropas federales en ciudades controladas por demócratas, como Chicago y Portland, argumentando que estas medidas son necesarias para proteger a los oficiales de inmigración y las propiedades federales ante lo que describió como protestas violentas y actos de terrorismo doméstico.
Sin embargo, tanto funcionarios estatales como residentes niegan la existencia de la amenaza y califican estas acciones como una escalada injustificada. La descripción de un caos por parte del presidente no ha sido respaldada por la realidad en Portland, donde las protestas han sido consideradas por algunos como en su mayoría pacíficas y manejables por las fuerzas policiales normales.
El sábado, Immergut emitió una orden temporal que bloquea al presidente usar la Guardia Nacional de Oregon en Portland, alegando que la administración presidencial se ha extralimitado en su autoridad constitucional y que las protestas en Portland no representan un peligro de rebelión tal como para justificar un despliegue federal. La corte también modificó su reclamación original y presentó una segunda orden para detener la movilización de tropas desde otros estados, mientras que en Oregon ya se han desplegado unos 100 efectivos de la Guardia Nacional de California, con más en camino.
Por su parte, el Pentágano informó que, siguiendo disposiciones presidenciales, cerca de 200 miembros de la Guardia Nacional de California estaban siendo trasladados a Portland, situación que ha provocado la respuesta política de los gobernadores, incluyendo a la de California, Gavin Newsom, quien anunció su intención de demandar por esta acción, calificándola como un “abuso flagrante de la ley y el poder”.
La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, afirmó que no existe necesidad militar alguna en su estado y que Portland no está en peligro de insurrección, criticando lo que consideró un intento deliberado de eludir la decisión judicial inicial. Además, mencionó que el Departamento de Defensa ordenó a la Guardia Nacional de Texas desplegar unos 400 efectivos en varios estados, incluyendo Illinois y Oregon, lo que llevó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, a catalogar la situación como una “invasión”.
Las tensiones continúan aumentando, con expertos jurídicos y políticos criticando duramente las acciones del gobierno federal. La fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, expresó su apoyo a la orden judicial y afirmó que el presidente no puede manipular la ley a su favor jugando con diferentes unidades de la Guardia Nacional en distintas estaciones judiciales, mientras que figuras como Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, calificaron la decisión judicial como una de las más graves violaciones de orden constitucional que hayan visto.
En contraste, la jueza Immergut subrayó que las protestas en Portland, en particular las enfrentadas a las fuerzas federales, no constituían una amenaza grave comparable a incidentes anteriores en Los Ángeles, donde las acciones militares fueron consideradas justificadas. La jueza también advirtió que las argumentaciones del gobierno federal en relación al uso de la Guardia Nacional pueden estar peligrosamente cruzando la línea entre el poder civil y el militar, lo cual sería perjudicial para la nación.
Hasta la fecha, existen varias demandas en curso y decisiones judiciales que mantienen en suspenso los despliegues militares y el uso de las tropas federales en Portland, aunque el gobierno de Trump ha anunciado apelaciones y continuará intentando justificar sus acciones como necesarias para la seguridad nacional. La situación en Portland se mantiene tensa, con un clima de disputa legal y política que refleja las profundas divisiones en Estados Unidos respecto a la gestión de las protestas y el uso de la fuerza federal.
